SSP de Veracruz: Corrupción y Muerte en las Calles, ¿Quién Protege a los Ciudadanos?
Veracruz en la Mira: Violencia, Corrupción y un Estado Bajo Asedio
Ataque en la autopista Cardel – Poza Rica expone el colapso de la seguridad en Veracruz
El reciente ataque armado en la autopista Cardel – Poza Rica, a la altura de la comunidad Lechuguillas, ha puesto de manifiesto la alarmante crisis de seguridad y corrupción que azota al estado de Veracruz. Tres policías estatales fueron asesinados y un funcionario jurídico fue privado de la libertad en un operativo que exhibe no solo la brutalidad del crimen organizado, sino también los vínculos oscuros dentro de la estructura policial.
El ataque: una ejecución en carretera
De acuerdo con la investigación de Reportaje Veracruzano, la agresión se produjo cuando los elementos de seguridad detectaron que dos camionetas los seguían. La persecución culminó con un ataque directo que dejó sin vida a los agentes Asunción Hernández, conocido como «Jaguar», Nayeli Reyes, alias «Cleopatra» y Pedro Madrigal Hernández. Ambos viajaban en una lujosa camioneta Dodge RAM 2500, con placas HL9858F del estado de Veracruz, la cual presuntamente pertenece al delegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Cardel, Luis Miguel Márquez identificado con el distintivo «Perry».
Los agresores, que se desplazaban en camionetas Toyota Tacoma negras, abrieron fuego contra los policías y secuestraron a Octavio «N», titular del área jurídica de la base de Cardel. A pesar de la respuesta de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluidos operativos con helicópteros, los responsables lograron escapar sin dejar rastro.
Siete policías asesinados en Veracruz en lo que va del año
Este atentado se suma a la creciente ola de violencia contra los cuerpos de seguridad en Veracruz. En lo que va del 2025, al menos siete policías han sido ejecutados en diferentes municipios del estado. Veracruz se posiciona así dentro de la lista de las entidades más peligrosas para los agentes del orden, junto con Guanajuato (16 asesinatos), Sinaloa (14), Guerrero (10), Michoacán (10), Estado de México (8), Jalisco (8) y Tabasco (8).
¿Quién es «Perry»? Un historial de corrupción y abuso de poder
El nombre de «Perry» no es nuevo en los círculos de controversia. Reportaje Veracruzano expuso en 2024 el oscuro expediente de este mando policial, quien, tras su llegada a Ciudad Cardel, acumuló denuncias por abusos y arbitrariedades.
Antes de su traslado a Cardel, «Perry» operó en Coatzacoalcos, donde su gestión estuvo marcada por el descontrol de la delincuencia, la proliferación de extorsiones y una serie de violaciones a los derechos humanos. Según diversas fuentes, su función en la Fuerza Civil iba más allá del cumplimiento de la ley: controlaba el tráfico de indocumentados en la región Olmeca y el Istmo de Tehuantepec. Testimonios anónimos señalan que era el contacto directo con los migrantes, asegurándoles paso seguro a través de terracerías en Villa Allende, para luego entregarlos a otros policías corruptos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, en lugar de intervenir, han sido acusados de complicidad al ignorar descaradamente estas operaciones. Los agentes del INM, más preocupados por pedir credenciales de elector a los pasajeros de autobuses, han hecho de la simulación su principal estrategia.
Los negocios ilegales de «Perry» en Veracruz
Pero el tráfico de indocumentados no es la única actividad lucrativa de «Perry». En Coatzacoalcos, tejió una red de corrupción con las empresas de grúas ilegales, cobrando tarifas exorbitantes por el retiro de vehículos: 15 mil pesos por tráiler y entre 5 y 7 mil pesos por automóvil. Mientras las calles clamaban por patrullajes y seguridad, «Perry» mantenía dos unidades estacionadas día y noche, más preocupadas por la recaudación que por la protección ciudadana.
Además, las denuncias en su contra incluyen la fabricación de delitos, siembra de armas y drogas, y la persecución de elementos que se negaban a seguir sus órdenes ilegales. Durante su gestión en Coatzacoalcos, la base de policías fue renovada varias veces, purgando a aquellos que se rehusaban a participar en prácticas corruptas.
Impunidad y complicidad institucional
Las irregularidades no terminan ahí. «Perry» estuvo involucrado en la detención ilegal del activista Francisco Castro Lárraga en Poza Rica, un caso que derivó en una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz (FECCEV). Según la acusación, el mando policial intentó forzar al activista a detonar un arma para incriminarlo en un delito fabricado, aunque fracasó en su intento.
Este no es un caso aislado. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coatzacoalcos ha sido señalada repetidamente por prestarse a la fabricación de carpetas de investigación contra ciudadanos inocentes, una práctica que se ha convertido en una herramienta de control y extorsión.
La corrupción dentro de la SSP: un mal endémico
La impunidad con la que operan mandos como «Perry» solo es posible gracias a la red de corrupción que los protege. Dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, nombres como «El Lobo», «Canela Pío», «El Alfil», «El Lagarto», «El Chester», «Santos Mujica» y otros altos mandos han sido señalados por su participación en actividades ilícitas.
El caso de Gustavo Aguilar Muñoz, director de Asuntos Internos de la SSP, es especialmente preocupante. Este funcionario, acusado de encubrir a policías corruptos y de acoso sexual, se jacta de tener un cargo «intocable» incluso bajo la próxima administración estatal. Su presencia en el puesto es un claro mensaje de que la corrupción no solo persiste, sino que se afianza en los más altos niveles del gobierno veracruzano.
¿Hacia dónde va Veracruz? Un estado secuestrado por la corrupción
La masacre en la autopista Cardel – Poza Rica es más que un ataque aislado: es el síntoma de un sistema colapsado donde la delincuencia y la corrupción policial se han convertido en dos caras de la misma moneda. Mientras el gobierno estatal presume avances en materia de seguridad, la realidad en las calles cuenta una historia diferente: policías asesinados, operativos fallidos y una impunidad que sigue reinando.
La pregunta no es solo quién mató a estos policías, sino quiénes permitieron que ocurriera. ¿Quién protege a los mandos corruptos? ¿Cuántos más deben caer antes de que haya una verdadera depuración en las fuerzas de seguridad?
Mientras no haya respuestas claras ni acciones contundentes, Veracruz seguirá siendo tierra de nadie, donde la ley la imponen aquellos que deberían protegerla.
Por: Marco Antonio Palmero Alpirez
Reportaje Veracruzano
