VERACRUZ EN LLAMAS: TAXISTAS, APPS, OPERATIVOS Y UN GOBIERNO QUE NO SABE A QUÉ JUEGA
Por Redacción | Reportaje Veracruzano
En Veracruz, la modernización del transporte no transita por carriles parejos: avanza a golpes, frenones y operativos que exponen contradicciones legales que el propio Gobierno del Estado no termina de entender —o no quiere entender—. ¿Se busca ordenar o se busca recaudar? ¿Se aplica la ley o se manipula? ¿Modernización o simulación?
Mientras organizaciones de taxistas respaldan los operativos de Transporte Público, exigen lo mismo que la ciudadanía: piso parejo. Pero el gobierno insiste en encasillar a los conductores de plataformas en una categoría que la Suprema Corte ya declaró inexistente.
EL OTRO LADO DE LA HISTORIA: TAXISTAS RESPALDAN OPERATIVOS, PERO EXIGEN REGLAS CLARAS
Raúl Mendoza Alducin, líder de Sertacaver, aseguró que el 60% del parque vehicular ya fue renovado. Propone un fideicomiso estatal para que el resto pueda acceder a financiamientos y sumarse a la modernización real, no simulada.
Mientras tanto, en Boca del Río, cientos de taxistas se plantaron en el C5 para respaldar la “mano dura” contra vehículos particulares que operan mediante aplicaciones. No rechazan la tecnología; rechazan la competencia sin regulación visible.
Pero aquí comienza la grieta: lo que Transporte del Estado llama “servicio público irregular”, la Suprema Corte lo llama transporte privado legal.
**¿OPERATIVOS LEGALES O ABUSOS DE PODER?
EL ESTADO DESATA EL CAOS Y LUEGO SE ASUSTA**
La tarde del jueves, un vehículo BYD que operaba mediante app fue asegurado en colonia 21 de Abril. La operación fue digna de un capo: agentes solicitaron un viaje desde una aplicación, cercaron la unidad con Policía Estatal y Guardia Nacional y remolcaron el auto al C5.
Pero el show salió caro:
Cinco horas de bloqueo,
puentes colapsados,
turistas varados,
toda la zona conurbada paralizada.
Y lo peor: el caos exhibió que la política pública se maneja con torpezas que rayan en la improvisación.
Tan es así que, desde adentro, en la columna Lenguas de Ulúa, se describe que al propio secretario Alfonso Reyes “le tembló la mano” cuando vio el nivel de organización de los conductores de plataformas.
**LA PREGUNTA QUE EL GOBIERNO NO QUIERE RESPONDER:
¿QUÉ ES LEGAL Y QUÉ ES ABUSO?**
1. Transporte por aplicación = SERVICIO PRIVADO
La Suprema Corte ya determinó que NO requiere concesión porque no es transporte público.
2. Los estados solo pueden regular aspectos de seguridad, NO exigir concesiones.
3. Reforma Federal 2025:
Los conductores de apps ya son trabajadores formales, con derechos laborales, seguridad social y supervisión de la Secretaría del Trabajo.
4. Pagan impuestos, tienen seguros y operan bajo regulación federal.
5. Aun así, Veracruz aplica multas de hasta 50 mil pesos alegando violación al reglamento estatal.
¿La razón? El reglamento local sigue tratando a las apps como “taxis piratas”, aunque legalmente NO lo son.
**LA GRAN CONTRADICCIÓN:
VERACRUZ APLICA UNA LEY QUE YA FUE SUPERADA POR OTRA MAYOR**
¿Cómo puede el Gobierno del Estado seguir exigiendo concesiones para un servicio que la SCJN declaró privado?
¿Cómo puede Tránsito montar operativos con Guardia Nacional contra trabajadores regulados por la Secretaría del Trabajo?
¿Por qué el Estado repite que “no existen vehículos de plataformas operando”, pero termina siendo exhibido en vivo por cientos de conductores que paralizaron una ciudad entera?
La respuesta es demoledora:
Porque Veracruz no ha actualizado sus leyes, pero sí ha actualizado sus multas.
UN ESTADO QUE ACTÚA COMO SI NADA HUBIERA CAMBIADO
Mientras otros estados armonizan sus leyes con la Reforma Federal 2025, Veracruz mantiene un vacío legal que permite abusos, criterios discrecionales y operativos sin sustento firme.
Lo único claro es que el caos del jueves dejó dos certezas:
- Los conductores de apps están más organizados que nunca.
- La estrategia de Transporte detonó un polvorín social innecesario.
**¿Y EL CIUDADANO QUÉ OPINA?
¿Quedarnos solo con el transporte público, aun con sus carencias, abusos y rezagos?
¿O permitir que el transporte privado —regulado federalmente— sea opción para todos?**
El debate ya está en la calle.
El caos ya está en los puentes.
La legalidad ya está en los tribunales.
Y la gobernadora tendrá que responder tarde o temprano.
Porque esto no es un pleito entre taxistas y apps.
Es un pleito entre un modelo viejo que ya no funciona
y un modelo nuevo que el gobierno aún no entiende.
Y en medio, como siempre, el ciudadano.
Redacción Reportaje Veracruzano
