Ejecutados en Veracruz: El trágico fin de Sandra Domínguez y Alexander Hernández desnuda la impunidad en Oaxaca

Oaxaca de Juárez, 28 de abril de 2025.- La defensora de derechos humanos Sandra Estefana Domínguez Martínez y su esposo, Alexander Hernández Hernández, fueron hallados sin vida en un cateo realizado en Tatahuicapan, Veracruz, según anunció el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, en una conferencia de prensa que dejó más preguntas que respuestas.
Los cuerpos de la activista mixe y su pareja, desaparecidos desde el 4 de octubre de 2024, evidencian no solo un brutal doble homicidio, sino también la incapacidad del Estado para proteger a quienes desafían la violencia y la corrupción en una región asfixiada por el crimen organizado.

Rodríguez Alamilla afirmó que la línea principal de investigación apunta a un “conflicto entre células delictivas” como la causa del crimen, sugiriendo que los asesinatos fueron una ejecución deliberada tras su captura por grupos criminales.
Sin embargo, la narrativa oficial levanta sospechas: el fiscal señaló que Alexander Hernández presuntamente formaba parte de estas células, con posibles nexos en actividades de extorsión, tráfico de armas y homicidio, pero no presentó pruebas contundentes que sustenten tales acusaciones. Esta criminalización póstuma de Hernández, y por extensión la estigmatización de Domínguez, parece un intento burdo de desviar la atención de las fallas institucionales y de las denuncias previas de la activista contra funcionarios del gobierno oaxaqueño.

Sandra Domínguez, abogada y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, era una figura incómoda para el poder. En 2020, denunció la existencia de chats misóginos como “Sierra XXX” y “Mega Peda”, en los que funcionarios estatales y federales compartían imágenes sexuales de mujeres mixes, exponiendo una red de acoso y abuso.
Entre los señalados estaba Donato Vargas Jiménez, actual coordinador de Delegados de Paz, protegido por el gobernador Salomón Jara Cruz a pesar de las acusaciones. Domínguez recibió amenazas constantes por su trabajo, pero las cinco solicitudes de protección que presentó fueron ignoradas o atendidas con medidas temporales insuficientes. La pregunta es inevitable: ¿fue su asesinato un ajuste de cuentas criminal o una represalia por desafiar a las élites políticas y sus nexos con el crimen?

La investigación oficial está plagada de inconsistencias. Desde la desaparición de la pareja en María Lombardo, San Juan Cotzocón, las autoridades oaxaqueñas fueron acusadas de “lentitud y apatía” por colectivos y familiares.
El hallazgo del vehículo y el celular de Domínguez en Veracruz, así como la detención de un sujeto identificado como P.S.V. en octubre de 2024, no derivaron en avances significativos hasta ahora. Más alarmante aún, un enfrentamiento en enero de 2025 en la carretera Palomares-Tuxtepec dejó cuatro muertos, incluyendo al supuesto líder de una célula criminal vinculada al caso, lo que levantó sospechas de un intento por “silenciar” a los implicados.
¿Por qué las autoridades no han esclarecido si estos hechos están conectados? ¿Qué oculta la fiscalía al limitarse a señalar a Hernández como delincuente sin pruebas públicas?

La familia de Domínguez, encabezada por su madre, Aracely Martínez, y su hermana, Kisha, ha denunciado la complicidad del gobierno de Jara. En una conferencia reciente en la Cámara de Diputados, acusaron al mandatario de garantizar impunidad al mantener en sus cargos a funcionarios señalados por la activista.
“Mi hija fue desaparecida por el Estado”, afirmó Martínez con el corazón roto, mientras la fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Oaxaca guardan un hermetismo que raya en la negligencia.
La detención de Cruz Esmeralda M. R. en febrero de 2025, una ex policía vinculada al caso, no ha esclarecido nada, y su proceso está estancado por un amparo.

El caso de Sandra Domínguez no es aislado. México registra más de 115,000 desaparecidos, y Oaxaca se ha convertido en un cementerio para defensores de derechos humanos.
La narrativa del fiscal Rodríguez Alamilla, que reduce este crimen a un pleito entre delincuentes, ignora el contexto de violencia estructural y la vulnerabilidad de quienes, como Domínguez, enfrentan al poder.
¿Cuánto tiempo más permitirá el gobierno de Salomón Jara que la impunidad reine? ¿Quién responderá por las amenazas ignoradas, las pistas no investigadas y las vidas segadas?
La sangre de Sandra y Alexander clama justicia, pero en Oaxaca, la justicia sigue siendo una promesa vacía.

Reportaje Veracruzano