EL INFIERNO EN LA FRONTERA: EL CASO DE EDITH MORALES GUEVARA EXPONE LA PODREDUMBRE DE LA TRATA, LA PEDOFILIA Y LA IMPUNIDAD EN MÉXICO
Xalapa, Veracruz, 1 de abril de 2025 — Edith Morales Guevara, una estilista de 42 años originaria de Xalapa, ha roto el silencio con un testimonio que sacude las entrañas de México: durante más de un año fue secuestrada, violada, explotada sexualmente y sometida a un macabro juego de apuestas en la deep web, donde desconocidos votaban si vivía o moría. Su caso, denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la carpeta 1637/2024, no solo destapa una red de trata de personas, pedofilia y pornografía infantil en Tijuana, sino que apunta a un contubernio de autoridades corruptas que, según ella, se niegan a actuar por intereses oscuros, dinero y un trasfondo de control mental y esoterismo perturbador.
Lo que Morales Guevara describe no es un caso aislado, sino un eco escalofriante del infame «Los demonios del Edén» de Lydia Cacho, que hace dos décadas expuso cómo el poder protege a los depredadores.
Morales Guevara llegó a Tijuana en 2021 persiguiendo el sueño americano. Rentó un departamento en la calle Coahuila 7557, en el corazón de la colonia Centro, propiedad de Héctor Alonso Guerrero López, un supuesto dentista que pronto se convirtió en su verdugo. Según su relato, Guerrero López instaló cámaras ocultas para grabarla desnuda, vendió el material en sitios de trabajadoras sexuales y, tras su negativa a sostener relaciones sexuales, desató una pesadilla de violencia.
«Fui violada, golpeada, drogada y exhibida en una página donde apostaban por mi vida», afirmó Morales Guevara en una entrevista con Reportaje Veracruzano. «Me decían: ‘Felicidades, votaron por ti para que vivas’. Era un juego, una competencia de vida o muerte».
El horror no termina ahí. Durante su cautiverio de un año y tres meses, Morales Guevara fue testigo de menores de edad encerrados, sometidos a violaciones sistemáticas y vejaciones que alimentaban un mercado clandestino en la deep web. «A veces ya no sabía nada de las mujeres o niñas que estaban conmigo», relató. «Desaparecían, y no sé si vivían o morían».
Su familia en Xalapa pagó 375 mil pesos para rescatarla, pero el daño —físico, moral y económico— la persigue. Hoy, tras huir a Veracruz, clama por justicia y protección, temiendo ser «ubicada de nuevo» por sus agresores.
Las similitudes con el caso de Jean Succar Kuri, documentado por Lydia Cacho en 2004, son imposibles de ignorar. En Los demonios del Edén, Cacho destapó una red de pedofilia y pornografía infantil en Cancún, protegida por empresarios como Kamel Nacif y políticos influyentes, que culminó con la condena de Succar Kuri a 112 años de prisión en 2011.
Morales Guevara apunta a un esquema similar en Tijuana: una red de explotación sexual que opera con impunidad, amparada por autoridades ministeriales que, según ella, desestimaron su denuncia inicial en Baja California.
«Fui a la policía, a la ministerial, a la Guardia Nacional, y no me hicieron caso», denunció. «En Tijuana, los derechos humanos no existen».
Pero el caso de Morales Guevara va más allá: sugiere una evolución aún más siniestra de estas redes, con apuestas en la deep web que convierten la vida de las víctimas en un espectáculo de horror. Y la respuesta institucional no es menos alarmante.
En Veracruz, donde presentó su denuncia hace un año y medio, acusa al licenciado Alfredo Arriaga Sánchez, de la Fiscalía de Arco Sur, de manipular su carpeta inicial para culparla y omitir sus declaraciones sobre la privación de la libertad. Solo tras insistir, una segunda carpeta fue abierta bajo la supervisión de la licenciada Roberta, pero la justicia sigue siendo una quimera.
¿Quién protege a estos monstruos? Morales Guevara señala a Guerrero López como parte de un grupo organizado que «atrapa mujeres en departamentos, las viola y las golpea». Pero las preguntas sin respuesta son más inquietantes. ¿Qué intereses económicos y políticos sostienen esta maquinaria de depravación? ¿Por qué las autoridades de Tijuana, un epicentro de trata y violencia, parecen ciegas ante las pruebas —videos, mensajes— que la víctima asegura poseer? ¿Y qué hay del supuesto «control mental y esoterismo oscuro» que menciona, un detalle que evoca rituales de poder tan perturbadores como los que Cacho enfrentó?
El pasado gobierno de Cuitláhuac García omitió el caso y la recién gobernadora Rocío Nahle enfrenta un desafío ineludible: o actúan con mano dura contra esta red de corrupción y sadismo, o perpetúan la misma impunidad que hace 20 años permitió a Succar Kuri operar bajo la sombra del poder.
Morales Guevara, sobreviviente de un infierno que no debería existir, no pide favores: exige justicia.
«Soy una sobreviviente de feminicidio», sentencia. «Pido que detengan a estas personas antes de que sigan matando jovencitas».
México, una vez más, está en deuda con sus víctimas, y el reloj no para de correr.
Investigación Reportaje Veracruzano
