Servicios Periciales de Veracruz: la cloaca del poder, acoso sexual y corrupción bajo la sombra de la fiscal general
Xalapa, Ver. – 27 de agosto de 2025.
La Dirección General de Servicios Periciales en Veracruz, pieza clave de la Fiscalía General del Estado, se encuentra bajo el mando de un funcionario señalado como alcohólico, corrupto y depredador sexual: el doctor Héctor Ronzón García. Lo que debería ser una institución para garantizar justicia y certeza técnica en las investigaciones, se ha convertido en un feudo de abusos, pactos de impunidad y terror laboral.
Testimonios recabados por Periódico Veraz revelan una cadena de acoso sexual sistemático, amenazas, uso indebido de recursos públicos y encubrimiento desde la oficina de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, quien lejos de investigar protege a su director y reprime a las víctimas.
Las víctimas: silenciadas y perseguidas
Cuatro mujeres peritos narraron que al intentar denunciar los abusos en la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, la denuncia fue bloqueada por la propia institución. No solo no se abrió carpeta, sino que fueron canalizadas a la oficina de la fiscal Hernández Giadáns, donde recibieron trato de “problemáticas” y quedaron marcadas como incómodas.
Poco después, asegura una de ellas, fueron hostigadas por la contadora Leticia Pumarino Robles, brazo ejecutor del director Ronzón, quien incluso llegó a amenazar con descontarles salario por “ausencias” inventadas.
“Si hablamos, tememos por nuestra vida. Aquí los cadáveres anónimos se vuelven estadística en los refrigeradores de Servicios Periciales”, advirtieron las afectadas.
La red de abusos sexuales
Los testimonios revelan que desde 2021, Ronzón García utilizó su posición para cortejar, hostigar y condicionar ascensos o permanencias a cambio de favores sexuales. Los primeros encuentros forzados se dieron en los dormitorios de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz, con la complicidad silenciosa de directivos locales.
En septiembre de 2024, varias trabajadoras fueron citadas en su oficina después de horario laboral. Ahí, bajo intimidaciones, Ronzón exigía “masajes y favores sexuales”, amenazando con cambios de adscripción si no accedían. El escándalo escaló cuando en diciembre de ese mismo año, en la posada oficial de la dependencia, abusó sexualmente de una víctima en una finca de Xalapa.
No obstante, el cinismo alcanzó su punto máximo en 2025, cuando se filtró un video grabado en la propia oficina de Ronzón García, donde aparece sosteniendo un encuentro sexual con una subordinada. La evidencia, hoy en manos de las víctimas, confirma lo que durante años se intentó silenciar.
El poder que lo protege
El director presume ser “ahijado político” de Eric Cisneros Burgos, alias ‘Bola 8’, y actúa bajo la cobertura de sus operadoras de confianza: Amayrani Uscanga y Leticia Pumarino Robles, quienes lo blindan frente a cualquier señalamiento.
Los excesos de Ronzón también incluyen viajes frecuentes a Tampico, Tamaulipas, en vehículos oficiales y con choferes de la Policía Ministerial, disfrazados de “comisiones de trabajo”, que en realidad eran escapadas con cargo al erario.
Pese a la magnitud de las denuncias, la fiscal Verónica Hernández Giadáns ha sido omisa, complaciente e incluso cómplice, desestimando pruebas y desprotegiendo a las víctimas.
La gobernadora en silencio
Las afectadas claman por la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García, pero la mandataria mantiene silencio, sin pronunciarse ni ordenar investigaciones. La ausencia de acción política en este caso equivale a un aval al abuso y la corrupción institucional.
Las pruebas que incendian el caso
Entre las evidencias contra Héctor Ronzón García se encuentran:
- Conversaciones de WhatsApp con trabajadoras acosadas.
- Testimonios de más de 20 mujeres víctimas de hostigamiento.
- Bitácoras de viajes oficiales utilizados para fines personales.
- Un video del propio director teniendo relaciones sexuales en la oficina de la Dirección de Servicios Periciales.
Conclusión
El caso expone con crudeza cómo la justicia en Veracruz está secuestrada por el abuso de poder y la complicidad política. Servicios Periciales, institución diseñada para servir a las víctimas, se ha convertido en un centro de impunidad, acoso y corrupción, donde quien denuncia es castigado y donde los responsables gozan de respaldo oficial.
La pregunta no es si hay pruebas: las hay y son contundentes. La pregunta es: ¿hasta cuándo el gobierno de Veracruz seguirá encubriendo a un depredador dentro de la Fiscalía?
La cloaca está abierta. Y el hedor alcanza ya a los más altos niveles del poder estatal.
Redacción Reportaje Veracruzano
