Una promesa rota: Maestros de Veracruz exigen justicia mientras una deuda de 15 años supura bajo la indiferencia oficial
La mañana de este 9 de abril de 2025, el corazón de Xalapa no vibró con el bullicio habitual de sus calles coloniales, sino con la furia justificada de cientos de maestros y sus familias. Reunidos a la sombra del Palacio de Gobierno, en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, alzaron sus voces—y sus puños—contra un gobierno al que acusan de traición, incompetencia y, quizás, algo mucho más siniestro. ¿Su exigencia? El pago del seguro institucional de vida, una prestación que se les debe desde hace más de 15 años, una deuda que se ha convertido en símbolo del abandono burocrático y del engaño político.
Esto no es un simple descuido administrativo. Es un escándalo de proporciones alarmantes: 800 docentes y sus familias, incluyendo 400 que recibieron cheques sin fondos o con errores inexplicables, son testigos vivos de un sistema que parece alimentarse de promesas rotas. Los manifestantes, armados con pancartas y una determinación forjada por años de espera, bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, asfixiando las arterias de la ciudad para centrar la atención en una herida que se niega a sanar.
Sus acusaciones son tan precisas como condenatorias: el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, afirman, orquestó una farsa, entregando falsas promesas y cheques defectuosos mientras dejaba una “deuda histórica” sin resolver. “Fue una gran mentira”, coreaban, sus palabras cortando el aire matutino como una guillotina.
En el centro de esta tormenta está Rosario Rojas Aragón, una maestra cuya voz carga con el peso de la traición. “Él prometió que había capacidad financiera para cubrir el seguro de vida y las deudas desde 2010”, dijo con un tono mezcla de agotamiento y desafío. “Fue una gran mentira”. Su historia es compartida por cientos: un plan de pagos prometido en bloques—primero uno, luego dos, después tres—que acabó disolviéndose en el caos. Llegaron cheques, algunos falsos, otros llenos de errores, y al llegar al cuarto bloque, las excusas cambiaron al pretexto conveniente de una transición gubernamental. “Nos dijeron que no había fondos”, recordó Rojas, “y que teníamos que esperar”. Y esperaron—15 años de esperanzas rotas y desesperación creciente.
Las cifras son un golpe al estómago: 400 maestros con cheques defectuosos, 800 en total en el limbo, un cuarto bloque de pagos que nunca llegó. “Lo hicieron con intención”, acusaron los manifestantes, sus palabras cargadas de sospecha. Exigen más que dinero: quieren respuestas. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se lo embolsó? “Queremos una investigación”, gritaron. “Que no se protejan entre ellos”. Sus señalamientos apuntan directamente a García Jiménez, ahora un fantasma del sexenio anterior, y a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el monstruo burocrático al que consideran cómplice de este desastre.
La actual gobernadora, Norma Rocío Nahle García, se encuentra en una encrucijada. El clamor de los maestros es claro: investiga a tu antecesor, saca la verdad a la luz y entrega justicia. Sin embargo, el silencio de su administración hasta ahora es ensordecedor. ¿Es esto una renuencia a enfrentar la podredumbre dentro de su propio partido o una indiferencia calculada ante el sufrimiento de quienes educan a los niños veracruzanos? Los manifestantes no están midiendo sus palabras. “El cuarto bloque nunca se publicó”, denuncian. “Nos dejaron esperando”. Esto no se trata solo de dinero—se trata de dignidad robada, de confianza hecha pedazos, y de un gobierno que parece ver a sus ciudadanos como prescindibles.
Al indagar más, el hedor a corrupción se vuelve insoportable. El sexenio de García Jiménez, que terminó en 2024, estuvo marcado por declaraciones altisonantes de rectitud fiscal. En octubre de 2024, presumió haber conseguido más de mil quinientos millones de pesos mediante una maniobra financiera para saldar deudas como la del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV). “Sospechábamos fraude desde el inicio”, declaró entonces, culpando a gobiernos anteriores. Sin embargo, la realidad de los maestros—cheques que no se podían cobrar, promesas evaporadas—sugiere que el fraude pudo haber florecido bajo su administración. ¿Fue esto una maniobra deliberada, una desviación de fondos a bolsillos oscuros, o simple y llana incompetencia? La falta de transparencia es una herida abierta: no hay auditoría, no hay rendición de cuentas, no hay cierre.
Búsquedas web y reportes locales amplifican la indignación. La Jornada Veracruz documentó protestas similares en 2023, cuando familias de maestros fallecidos denunciaron seguros impagados desde 2010—reclamos que García Jiménez prometió resolver, pero evidentemente no lo hizo. Publicaciones en X el día de hoy, 9 de abril de 2025, pintan un cuadro contundente: “Maestros bloquean el centro de Xalapa, acusan a Cuitláhuac de mentir”, dice una. Otra: “Cheques sin fondos—una vergüenza”. El sentimiento es unánime: los educadores de Veracruz se sienten abandonados por un estado que les debe no solo dinero, sino respeto.
Esto es más que una protesta; es un ajuste de cuentas. Los maestros de Veracruz no están solo pidiendo un pago—están exigiendo el fin de la impunidad que ha fermentado durante más de una década. Nahle García debe decidir: ¿usará su autoridad para desenterrar la verdad, o se unirá a la larga fila de líderes que han preferido mirar hacia otro lado? El tiempo corre, y 800 voces se niegan a ser silenciadas. “Queremos saber dónde quedó el dinero”, insisten. Y nosotros también. El pueblo de Veracruz merece un gobierno que responda, no uno que se esconda.
Redacción Reportaje Veracruzano
