Una vez más se demuestra que la FGE de Giadans es una «Fábrica de delitos» en Veracruz
La absolución de Jesús Uribe Esquivel: Un caso que expone las fisuras del sistema judicial en Veracruz
Xalapa, Veracruz, 12 de abril de 2025 – La reciente absolución de Jesús “Chucho” Uribe Esquivel, empresario y excandidato a la alcaldía de Las Choapas por la coalición PRI-PAN-PRD en 2021, ha reavivado el debate sobre la presunta manipulación política del sistema judicial en Veracruz. El fallo, emitido el 11 de abril de 2025 por el Poder Judicial del Estado, concedió un amparo definitivo que liberó a Uribe y a dos coacusados, Herminio Montiel Martínez y Carlos Alberto Hernández Martínez, tras haber sido condenados previamente a 20 años de prisión por homicidio calificado.
Este caso, lejos de ser aislado, se suma a una serie de controversias que señalan a la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Verónica Hernández Giadans, por integrar investigaciones deficientes y, en algunos casos, políticamente motivadas.
El caso Uribe: Una acusación cuestionada desde el inicio
En septiembre de 2021, Uribe Esquivel fue detenido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acusado del asesinato de Mario Alejandro Gamas López, exmilitar de 25 años y presunto escolta suyo, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en un tambo con cemento en el río Tancochapa, Las Choapas, el 30 de diciembre de 2020. La detención se produjo meses después de que Uribe participara como candidato opositor en una contienda electoral marcada por fuertes tensiones políticas.
En octubre de 2023, un juez lo sentenció a 20 años de prisión, pero la resolución fue rápidamente cuestionada por irregularidades procesales (Presencia.MX, 2025).
La defensa argumentó que la acusación de la FGE se basaba en pruebas endebles, en particular en la declaración de un testigo protegido. Expertos legales consultados señalaron que esta figura —regulada por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada— está diseñada para casos de crimen organizado, no para delitos del fuero común como el homicidio calificado. Este argumento fue determinante en el otorgamiento del amparo, que evidenció violaciones al debido proceso, falta de pruebas sólidas y posible fabricación de evidencias.
El fallo calificó la carpeta de investigación como “desaseada” y sin sustento jurídico, ordenando la liberación inmediata de los tres acusados (X, @cguerreromtz, 2025).
Un patrón de investigaciones cuestionadas
El caso Uribe no es un hecho aislado. Durante la gestión de Verónica Hernández Giadans como fiscal general (2019 a la fecha), la FGE ha sido duramente criticada por su manejo de casos de alto perfil, en especial aquellos que involucran a figuras políticas de oposición.
Un análisis de sentencias de amparo en Veracruz revela que, desde 2018, al menos 25 políticos, exfuncionarios y líderes opositores han sido liberados tras detenciones que jueces federales han calificado de irregulares. Entre los casos más notorios destacan:
- José Manuel del Río Virgen (2021): Asesor del senador Ricardo Monreal, acusado de homicidio en Cazones de Herrera. Fue liberado mediante amparo tras demostrarse que la FGE fundamentó su acusación en rumores y testigos sin sustento (Plumas Libres, 2022).
- Norma Azucena Rodríguez Zamora (2021): Exdiputada del PRD, acusada de homicidio en Tihuatlán. Fue absuelta luego de que un amparo señalara pruebas insuficientes y contradicciones en la investigación (Proceso, 2022).
- Rogelio Franco Castán (2021): Exsecretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes, detenido por ultrajes a la autoridad y enriquecimiento ilícito. Fue liberado tras revelarse graves irregularidades procesales (Proceso, 2022).
En todos estos casos, los jueces federales identificaron un patrón común: declaraciones de testigos protegidos sin corroboración, informes policiacos inconsistentes y detenciones con aparente trasfondo político.
Según el abogado penalista Juan Carlos Cruz, “la FGE ha abusado de figuras legales como el testigo protegido para construir narrativas que no resisten un escrutinio judicial riguroso. Esto no solo afecta a los acusados, sino que erosiona la confianza en el sistema de justicia”.
El contexto político: ¿Persecución orquestada?
La absolución de Uribe ha sido interpretada por diversos sectores como una victoria frente a una supuesta persecución política orquestada durante el gobierno de Cuitláhuac García (2018–2024). Fuentes cercanas al caso, citadas en redes sociales, aseguran que la detención fue ordenada por el entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, con el objetivo de apartarlo de la contienda electoral en Las Choapas (X, @cguerreromtz, 2025). Aunque no existen pruebas documentales concluyentes, el contexto político de la época refuerza las sospechas.
En 2021, Veracruz vivía un clima de polarización tras el ascenso de Morena al poder. La FGE, dirigida por Hernández Giadans, fue señalada por operar bajo la influencia de Cisneros —apodado “Bola 8”—, quien presuntamente controlaba sectores clave del aparato estatal. Informes periodísticos sugieren que Hernández, exdirectora jurídica de la Secretaría de Gobierno, fue nombrada fiscal por recomendación de Cisneros, lo que alimentó las acusaciones de subordinación (Presencia.MX, 2023).
Durante este periodo, detenciones como las de Uribe, del Río Virgen y Rodríguez Zamora coincidieron con procesos electorales, lo que fortaleció la narrativa de una estrategia para debilitar a la oposición.
Un análisis del INEGI sobre la percepción de justicia en Veracruz reveló que, en 2023, solo el 28% de la población confiaba en la imparcialidad de la Fiscalía, una caída notable respecto al 42% registrado en 2018. Este descenso coincide con el aumento de amparos concedidos contra resoluciones de la FGE, lo que indica una crisis estructural en la procuración de justicia.
Las implicaciones de la absolución
La liberación de Jesús Uribe Esquivel tiene consecuencias tanto jurídicas como políticas. En lo legal, el fallo enfatiza la necesidad urgente de reformar el uso de figuras como el testigo protegido y de garantizar investigaciones sustentadas en evidencia científica, no en declaraciones subjetivas.
Expertos como la doctora María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, advierten que “la ausencia de protocolos claros en la FGE permite que casos como el de Uribe se repitan, afectando tanto a víctimas como a acusados”.
En el ámbito político, la absolución ha incrementado las críticas hacia Verónica Hernández Giadans, cuya continuidad al frente de la FGE está bajo la lupa tras la llegada de la gobernadora Rocío Nahle (2024-presente). Aunque la fiscal ha negado rumores de renuncia (La Silla Rota, 2023), su gestión está marcada por casos mal integrados y por su presunta cercanía con Cisneros, quien abandonó el gobierno en 2023 tras un distanciamiento con Nahle (Presencia.MX, 2023).
Además, el caso podría tener repercusiones electorales. Medios locales informan que Uribe planea postularse nuevamente a la alcaldía de Las Choapas en 2025 (X, @LSRVeracruz, 2025). Su retorno a la política podría capitalizar el descontento popular hacia Morena, en una región golpeada por la inseguridad y la corrupción.
Conclusión: Un sistema en crisis
El caso de Jesús Uribe Esquivel no es solo la historia de una absolución, sino un reflejo de las profundas fallas estructurales en el sistema judicial de Veracruz. La reiteración de investigaciones mal integradas, el uso indebido de testigos protegidos y las sospechas de persecución política apuntan a una Fiscalía que, en lugar de garantizar justicia, parece actuar bajo presiones externas.
Mientras figuras como Verónica Hernández Giadans y Eric Cisneros Burgos continúan siendo señaladas por su papel en estos procesos, la confianza ciudadana en las instituciones se desvanece.
Para revertir esta crisis, es imprescindible que la FGE adopte estándares científicos en sus investigaciones, fortalezca la capacitación de sus fiscales y asegure la independencia de sus decisiones. De lo contrario, casos como el de Uribe seguirán ocurriendo, dejando a las víctimas sin justicia y a los ciudadanos sin certeza de que la verdad prevalecerá.
Fuentes:
- Presencia.MX, “Dos fiscales veracruzanos han pisado la cárcel ¿Verónica Hernández Giadans corre ese riesgo?”, 2023.
- Proceso, “Veracruz: Una Fiscalía acusada de incompetente y tramposa”, 2022.
- Plumas Libres, “Se comprueban abusos de poder y autoridad de titulares de la FGR y FGE en Veracruz”, 2022.
- La Silla Rota, “Seguiré al frente de la Fiscalía, reitera Verónica Hernández Giadáns”, 2023.
- X, @cguerreromtz, 11 de abril de 2025.
- X, @LSRVeracruz, 12 de abril de 2025.
- INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2023.
Nota: Este artículo se basa en un análisis exhaustivo de fuentes públicas y entrevistas con expertos legales. Las acusaciones de persecución política no han sido confirmadas judicialmente y deben considerarse con reserva hasta contar con pruebas concluyentes.
Redacción Reportaje Veracruzano
