San Andrés Tuxtla, Ver. — En un acto que expone la podredumbre y el autoritarismo que corroe a las fuerzas de seguridad en Veracruz, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), identificado como el “Oficial Ortega”, amenazó abierta y cobardemente a un grupo de reporteros que documentaban el violento asedio a un domicilio particular.

La escena, digna de una dictadura y no de un estado democrático, ocurrió en la esquina de las calles Hernández y Hernández y Altamirano, donde periodistas atendían la denuncia de una ciudadana que solicitó auxilio al percatarse de que policías estatales y sujetos civiles armados y encapuchados intentaban irrumpir ilegalmente en su casa.

Según los testimonios recogidos, el «Oficial Ortega» no sólo intimidó verbalmente a los comunicadores, sino que, en un acto de absoluta desvergüenza, ordenó al chófer de una patrulla encender una “consola” con la que pretendía grabar las conversaciones de los reporteros para, supuestamente, iniciar acciones legales en su contra si se atrevían a revelar las irregularidades cometidas por los uniformados.

Pese a la amenaza, los periodistas cumplieron con su deber y evidenciaron el abuso de autoridad: los policías pretendían ingresar a la vivienda sin mostrar ninguna orden judicial de cateo, vulnerando derechos humanos básicos, mientras que la dueña del inmueble temía que sembraran pruebas falsas para incriminar a su esposo, quien horas antes había sobrevivido a un ataque armado.

La gravedad del hecho no es menor ni aislada. En Veracruz, las fuerzas estatales se han ganado una reputación de criminalizar a las víctimas mientras los verdaderos delincuentes continúan operando con impunidad. Casos recientes, como el registrado en Catemaco, confirman este patrón de corrupción: en lugar de perseguir a los responsables de un ataque a una familia, la Policía Estatal terminó deteniendo a las víctimas, acusándolas infundadamente de vínculos con el crimen organizado.

Estos episodios reiteran que en Veracruz, ser ciudadano o periodista es un riesgo, y que muchas veces quienes debieran proteger a la población son quienes vulneran sus derechos con brutalidad e impunidad. La Secretaría de Seguridad Pública estatal debe responder urgentemente por la conducta del «Oficial Ortega» y de los agentes que participaron en este intento de represión y abuso.

¿Quién protege hoy a los veracruzanos de la propia policía?

El silencio y la inacción institucional frente a estos atropellos solo ahondan la crisis de derechos humanos en el estado. La ciudadanía exige investigaciones inmediatas, sanciones ejemplares y garantías para el ejercicio libre del periodismo y para la integridad de las víctimas.

Veracruz no puede seguir tolerando un aparato de seguridad que actúa como un brazo más de la corrupción y el abuso.