Masacres, balaceras, quema de vehículos y asesinatos políticos: cada proceso electoral en Coxquihui es una danza macabra frente a la omisión criminal del Estado
Coxquihui no celebra elecciones, las sobrevive. En este municipio totonaco de la sierra veracruzana, cada jornada electoral se ha convertido en un episodio más de una guerra no declarada, donde la democracia no es una fiesta cívica, sino un campo de batalla con saldo rojo. Desde el 2010, la violencia electoral se repite como un ciclo maldito que las autoridades estatales y federales han permitido con complicidad y silencio.
Los antecedentes son brutales y abundantes: en julio de 2010, el caos fue tal que las votaciones debieron anularse. Urnas quemadas, amenazas a funcionarios del desaparecido IEV y un proceso contaminado por el terror obligaron al TEPJF a ordenar elecciones extraordinarias. La diferencia final fue de apenas 18 votos. ¿Resultado democrático o simulación bajo fuego?
En 2013, el terror se institucionalizó. Balaceras en plena campaña del PRI dejaron un muerto y tres heridos. En 2018, el infierno regresó con 22 vehículos calcinados, persecuciones, amenazas de “levantones” y personal electoral atrincherado. El Ejército y la Guardia Nacional llegaron… pero como testigos impotentes.
El año 2021 superó toda lógica: dos militantes de Fuerza por México fueron asesinados al intentar “sustraer” a un candidato rival. Una escena de narco-política que no desató ni indignación nacional ni acciones contundentes del gobierno. El mensaje fue claro: en Coxquihui, quien busca poder, arriesga la vida.
Y ahora, en 2025, la sangre vuelve a marcar el arranque de campaña. Germán Anuar Valencia Delgado, candidato de Morena conocido como “El Napo”, fue ejecutado a plena luz del día el pasado 29 de abril. Su crimen, como los anteriores, podría quedar impune mientras los discursos oficiales hablan de paz y gobernabilidad.
Coxquihui no es una excepción, es una advertencia. Si el Estado mexicano sigue tolerando que cada elección se bañe en sangre sin consecuencias reales, ¿qué queda del pacto social? La violencia electoral en este municipio no es un problema local, es una bomba moral y jurídica que mina la credibilidad del sistema entero.
¿Hasta cuándo seguirá Coxquihui pagando con muertos el costo de votar?
Redacción Reportaje Veracruzano
