Grupo armado secuestra a operador político en el sur de México en medio de acusaciones de narcotráfico y tensiones electorales
JÁLTIPAN, México — 1 de mayo de 2025
En un acto de violencia descarada que subraya la volátil intersección entre la política y el crimen organizado en el sur de México, Uziel Cristóbal Toto, experimentado operador político y promotor deportivo, fue secuestrado con violencia la mañana del miércoles en su domicilio en Jáltipan, Veracruz. El secuestro, perpetrado por un comando armado, ha sacudido a la región, despertando interrogantes sobre la influencia de las redes del narcotráfico en la política local y sobre la seguridad de los actores políticos en vísperas de unas elecciones cruciales.
Según testigos y autoridades locales, el ataque ocurrió poco antes de las 8:00 a.m., cuando un vehículo azul se detuvo frente a la vivienda de Toto, ubicada en la calle Nacional, entre 16 de Septiembre y Lerdo de Tejada, en la colonia San Cristóbal. Un grupo de hombres fuertemente armados descendió del automóvil, realizó varios disparos al aire y entró a la casa, sacando a Toto con lo que los testigos describieron como “violencia extrema”. Los agresores huyeron con él, dejando a la comunidad en un estado de temor e incertidumbre. Hasta la noche del miércoles, su paradero seguía siendo desconocido y ningún grupo se había atribuido el hecho.
Una carrera política marcada por conexiones y controversias
Toto es una figura prominente en la política de Jáltipan. Inició su carrera en el ala juvenil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue apadrinado por el exgobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, personaje polémico conocido por su maquinaria política y sus presuntos vínculos con el crimen organizado durante su mandato de 2004 a 2010. Fuentes cercanas a Toto confirman que ambos mantenían una amistad personal, lo que impulsó su ascenso como operador político. A lo largo de los años, Toto fue asesor de diversos diputados federales y senadores, aprovechando sus contactos para navegar en el complejo panorama político veracruzano.
Más recientemente, Toto cambió de lealtades y se alineó con los partidos Morena y del Trabajo (PT). Tuvo un papel clave en la campaña del actual alcalde de Jáltipan, Jesús Miguel Pérez Toto, y apoyó a Lorena Sánchez Vargas en su exitosa candidatura por la alcaldía de Sayula de Alemán. El martes, apenas unas horas antes de su secuestro, Toto fue visto participando públicamente en una caminata proselitista en el centro de Jáltipan junto al candidato a diputado del PT, Erik Benito Pérez Mistega, lo que pudo aumentar su visibilidad —y su vulnerabilidad— en una temporada electoral tensa.
Acusaciones de narcotráfico y amenazas en redes sociales
El secuestro de Toto ocurre en un contexto de persistentes señalamientos que lo vinculan con actividades de narcomenudeo. Durante al menos dos años, fue blanco de amenazas en redes sociales, donde cuentas anónimas lo acusaban de participar en el tráfico local de drogas. Aunque nunca se han presentado cargos formales en su contra, estas acusaciones han alimentado la especulación sobre los posibles móviles detrás de su desaparición. Fuentes locales sugieren que las actividades políticas de Toto podrían haber chocado con los intereses de grupos criminales que disputan el control en Veracruz, estado que ha sido durante mucho tiempo un punto rojo por la violencia del narcotráfico.
Veracruz ha sido escenario de enfrentamientos entre cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y remanentes de Los Zetas, que compiten por el dominio territorial. Su ubicación estratégica en rutas de contrabando del Golfo lo convierte en un territorio codiciado para el tráfico de drogas, armas y personas. Un informe de 2024 del International Crisis Group advierte que los actores políticos en Veracruz son cada vez más blanco de organizaciones criminales que buscan influir en el gobierno local o eliminar a sus rivales. El rol visible de Toto en campañas electorales lo habría convertido en un objetivo en este entorno convulso.
Una región en vilo
El secuestro ha intensificado el miedo en Jáltipan, municipio de unos 60 mil habitantes en el sur veracruzano, donde la violencia se ha disparado en los últimos años. Habitantes describen un clima de intimidación, con grupos armados que actúan con impunidad. “Esto es un mensaje”, dijo un comerciante local que pidió el anonimato por temor a represalias. “Nadie está a salvo, ni siquiera los que tienen conexiones.”
El momento del secuestro de Toto —a solo semanas de las elecciones intermedias de 2025 en México— ha encendido las alarmas sobre la violencia política. Veracruz tiene un historial oscuro en este tema: entre 2018 y 2024, al menos 30 candidatos u operadores políticos fueron asesinados en el estado, según datos de la organización mexicana Data Cívica. El hecho de que Toto estuviera apoyando activamente a un candidato del PT sugiere que las rivalidades electorales podrían haber influido, aunque las autoridades no han descartado una conexión con sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Respuesta oficial e implicaciones más amplias
La policía local ha iniciado una investigación, pero los detalles son escasos. Las autoridades estatales de Veracruz, ya cuestionadas por su respuesta ante el incremento de la violencia, emitieron un comunicado breve reconociendo el incidente y prometiendo “agotar todos los recursos” para localizar a Toto. Sin embargo, la confianza pública en las instituciones de seguridad es baja, dada la historia del estado de corrupción y colusión con el crimen organizado. Durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, surgieron múltiples denuncias de que funcionarios estatales facilitaron operaciones del narco, un legado que sigue pesando sobre la región.
El secuestro también ocurre en medio de tensiones crecientes entre México y Estados Unidos por el narcotráfico. El 27 de febrero de 2025, México extraditó a 29 figuras de alto perfil del crimen organizado a EE.UU., incluido Rafael Caro Quintero, en una movida interpretada como respuesta a la presión del gobierno de Donald Trump para contener las actividades del narco. Sin embargo, esas acciones poco han hecho para frenar la violencia a nivel local, donde actores menores —como los supuestamente vinculados a Toto— llenan el vacío de poder dejado por los capos capturados.
Un llamado a la rendición de cuentas
Mientras Jáltipan lidia con las secuelas del secuestro de Toto, organizaciones de la sociedad civil exigen mayor transparencia y acción contundente por parte de las autoridades. “Esto no se trata solo de un hombre: se trata de un sistema que permite la fusión entre política y crimen”, declaró María Elena Morera, presidenta de la organización capitalina Causa en Común, promotora de reformas en seguridad. “Si no se desmontan estas redes, nadie estará a salvo.”
Por ahora, la familia y simpatizantes de Toto esperan noticias sobre su destino, mientras una pregunta más amplia se impone: en una región donde la ambición política y la influencia criminal están tan entrelazadas, ¿puede prevalecer la justicia? La respuesta dependerá de si las instituciones mexicanas están dispuestas a confrontar las fuerzas que han moldeado durante décadas a estados como Veracruz —y de si la comunidad internacional estará dispuesta a exigirles cuentas.
Redacción Reportaje Veracruzano
