Corralones a la carta”: acusan al director de Transporte Público de Veracruz de urdir un emporio privado con la maquinaria del Estado
Por la Unidad de Investigación de Reportaje Veracruzano
Xalapa, Veracruz, 17 de junio de 2025
Cuando un ciudadano ve que una grúa aleja su vehículo hasta un corralón, supone que detrás hay un esquema regulado y tarifas públicas. En Veracruz, sin embargo, el telón deja ver otra obra: Luis Manuel Galicia Castañón, director general de Transporte Público, es señalado de frenar a golpe de ventanilla la regularización de empresas existentes para abrir la puerta —literalmente— a sus propios patios de encierro y a una flotilla de arrastre recién adquirida.
Un negocio hecho con la pluma oficial
Los empresarios Mario Castillo y Antonio Lima, voceros de un grupo de concesionarios de grúas y corralones con operaciones legales desde hace más de dos décadas, documentan un patrón repetido:
1. Trámite imposible. Quien acude a renovar permisos se topa con requisitos que cambian de la noche a la mañana o expedientes “extraviados” en los archivos.
2. Mordida o eternidad. Entre 20 000 y 100 000 pesos “por fuera” —según la plaza— garantizan que la carpeta vuelva a aparecer y el permiso sea rubricado.
3. Silencio o retalia. A los que protestan se les advierte que “sentirán todo el peso del gobierno”, incluyendo auditorías sorpresa y la congelación de sus unidades.
Mientras tanto, la dependencia que encabeza Galicia Castañón exige, en su portal oficial, que toda petición se dirija a su nombre y concentran en su oficina la decisión final sobre cada corralón que abre o cierra en el estado.
La fecha clave: 26 de junio
Los denunciantes aseguran que el funcionario ya tiene listas sus propias grúas y patios para el “Operativo de Regularización” que el gobierno estatal arrancará el 26 de junio contra motocicletas irregulares. Cuantas más unidades sean detenidas, más llena la caja de quien controle el depósito y el cobro diario por resguardo. “Pretende un monopolio estatal revestido de iniciativa privada: él mismo”, acusa Mario Castillo.
¿Gobernadora informada o rehén?
La gobernadora Rocío Nahle García ha insistido públicamente en que su administración no tolerará la corrupción. Pero los empresarios sostienen que Galicia Castañón usa su cargo como filtro: ningún reclamo llega a Palacio de Gobierno sin pasar primero por el escritorio del aludido. Resultado: la mandataria escucha una sola versión —la del presunto artífice— mientras la inconformidad hierve en la base.
El cráter por estallar
El 10 de junio los transportistas lanzaron su ultimátum: cerrar carreteras y plazas públicas con 800 taxis y 300 grúas si el director no es removido y auditado. Una protesta de ese calibre paralizaría a Veracruz en plena temporada turística y pondría a prueba la capacidad de diálogo del nuevo gabinete de Seguridad.
Preguntas que exigen respuesta
1. ¿Quién financia la flotilla “fantasma” que, según los denunciantes, comenzará a operar la próxima semana?
2. ¿Por qué cada oficio de autorización de estacionamientos y corralones debe ir dirigido personalmente a Galicia Castañón?
3. ¿Cuántos permisos ha firmado el director para terceros y cuántos se han quedado en la congeladora por falta de “cooperación”?
4. ¿Dónde están la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción mientras el sector advierte de un “cobro de piso oficial”?
Lo que está en juego
Transparencia de un servicio público cuyo costo lo paga el ciudadano secuestrado por la grúa.
Sustento de al menos 2 000 familias que viven del arrastre y custodia de vehículos en el estado.
Credibilidad del gobierno morenista que prometió limpiar los viejos cotos de poder.
Próximos pasos
Los inconformes preparan un expediente con testimonios, copias de depósitos bancarios y capturas de pantalla de chats donde funcionarios intermedios exigen “apoyos”. Planean entregarlo esta semana a la FECCEV (Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz) y a la Comisión de Vigilancia del Congreso local.
Si la administración estatal quiere evitar que el “Operativo de Regularización” se convierta en un “Operativo de Recaudación Privada”, deberá escoger entre mantener a Galicia Castañón o poner la lupa sobre sus decisiones. El reloj corre: el 26 de junio está a la vuelta de la esquina y, con él, la posibilidad de que los corralones soñados por el director se llenen gracias al poder que él mismo administra.
Porque cuando el árbitro también juega —y cobra—, el partido deja de ser solo injusto: se vuelve un negocio redondo financiado por todos.
Redacción Reportaje Veracruzano
