Delito o herramienta de censura: El uso corrupto de la “Violencia Política de Género” para callar periodistas en Veracruz
Veracruz, Ver. – En un escenario donde la libertad de expresión enfrenta su mayor crisis desde la alternancia democrática, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz ha sido exhibido como el principal promotor de una táctica política alarmante: el uso sistemático y distorsionado del delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género para intimidar, perseguir y censurar a periodistas críticos.
En lugar de defender los derechos de las mujeres desde una perspectiva real de género, el PVEM —en aparente colusión con operadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)— ha convertido esta figura jurídica en un garrote contra medios de comunicación incómodos y profesionales de la prensa que se atreven a documentar actos de corrupción, nepotismo y campañas ilegales, todo bajo una estructura partidista profundamente desacreditada.
Cuando la ley se vuelve mordaza
Según denuncias documentadas, periodistas como Claudia Guerrero Martínez, con más de dos décadas de trayectoria, enfrentan una ofensiva legal por parte de funcionarias municipales ligadas al PVEM y Morena, quienes han interpuesto múltiples quejas ante instancias electorales argumentando violencia de género, sin aportar pruebas de falsedad en las publicaciones ni demostrar ataques relacionados con su condición de mujeres.
Lo verdaderamente escandaloso, sin embargo, es que muchas de las «agraviadas» han sido señaladas con evidencia por corrupción comprobada, uso de recursos públicos para campañas, desvíos y hasta fabricación de delitos contra adversarios políticos, y ahora buscan escudarse en una narrativa de victimización para eludir el escrutinio público.
La red de protección verde: del TEPJF a las alcaldías
Las acusaciones alcanzan a actores clave del PVEM como Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador Fidel Herrera; Marcelo Ruiz Sánchez «El Greñas», acusado de desviar prerrogativas del partido; y Edgar Herrera Lendechy, todos señalados como parte del entramado que asesora a militantes para utilizar este delito como represalia política contra periodistas.
Aún más grave es la denuncia de que un secretario de cuenta en la Sala Regional del TEPJF —presuntamente cercano a operadores de Juan Javier Gómez Cazarín— estaría filtrando y manipulando resoluciones a favor del partido verde, bajo acuerdos lucrativos y de control mediático.
El caso Córdoba y la síndica que quiere impunidad
Uno de los casos más ilustrativos es el de Vania López González, síndica única del Ayuntamiento de Córdoba, quien habría pasado de orquestar campañas negras contra medios cuando trabajaba en el Congreso, a convertirse en «víctima de género» cuando fue exhibida por presuntos actos anticipados de campaña, desvío de fondos municipales y el uso político de la justicia para deshacerse de un regidor incómodo.
López González, respaldada por el jurídico del PVEM, emprendió una cruzada legal contra periodistas, medios digitales, portales independientes y hasta funcionarios de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), con el único objetivo de silenciar críticas legítimas.
Una figura legal desvirtuada… y peligrosa
El uso indebido del delito de Violencia Política de Género no sólo atenta contra la libertad de prensa, sino que banaliza una herramienta legal diseñada para proteger a mujeres realmente violentadas en el espacio público. Su abuso con fines de censura convierte a las verdaderas víctimas en daños colaterales de una estrategia inmoral.
Esta práctica pervierte la justicia electoral, vulnera el Estado de Derecho y busca instalar el miedo como método de control político y mediático. En lugar de rendir cuentas, ciertos funcionarios buscan blindarse tras un disfraz jurídico y una narrativa tergiversada.
Periodismo en resistencia
Frente a esta embestida, la periodista Claudia Guerrero ha anunciado que seguirá defendiendo su derecho a informar, y no se dejará amedrentar por quienes transforman el poder institucional en un instrumento de represión. “No permitiremos que por ser mujer nos denigren. Ni que otras mujeres, usando el género como escudo, nos censuren”, declaró con firmeza.
El caso Veracruz no sólo es una alerta roja para los medios independientes, sino un espejo peligroso de cómo la ley puede ser usada para silenciar verdades incómodas. Si el periodismo crítico es perseguido por decir lo evidente, la democracia misma está en juego.
Redacción Reportaje Veracruzano
