Infierno judicial en Veracruz: Fiscalía detiene a madre, niño de 5 años y abuelos sin orden ni razón clara; los acusan de intento de homicidio con arma que “se encasquilló”
Por Redacción | Reportaje Veracruzano
Xalapa, Ver., 2 de julio de 2025 — En una escena que parece más propia de una dictadura policiaca que de un estado de derecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz protagoniza un nuevo escándalo al detener a una joven madre, su hijo de cinco años y a sus suegros, bajo acusaciones tan inverosímiles como indignantes: haber intentado asesinar a elementos de la Policía Ministerial con un arma de grueso calibre que, por “fortuna”, se trabó y no disparó.
Lo que suena a un guion mal escrito, es en realidad el calvario real que vive Samantha “N”, su pequeño hijo y los señores Leticia “N” y Ramiro “N”, quienes fueron detenidos el pasado 19 de junio tras salir del penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, donde asistirían a una audiencia del padre del menor.
Arresto sin lógica, narrativa judicial que se derrumba
Según la versión oficial, la joven se bajó de un taxi —con su hijo en brazos y acompañada de sus suegros— y apuntó un arma a los policías, pero no disparó porque “el arma se encasquilló”.
La acusación es tan absurda como peligrosa: ¿una madre llevaría un arma de alto poder al penal con su hijo a bordo para atacar a agentes ministeriales? ¿Y la supuesta droga que también “llevaban”? ¿Todo esto mientras iban a una audiencia familiar?
Para la señora Wendy Rosas Rafael, madre de Samantha y abuela del menor, se trató lisa y llanamente de una privación ilegal de la libertad disfrazada de operativo. Durante una conferencia de prensa, denunció que tras el fallido intento de audiencia, perdió contacto con su hija y su nieto. Más tarde le informaron que habían sido trasladados a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) en Xalapa… sin orden judicial ni notificación familiar.
Niño de 5 años: vendado, amenazado y traumatizado
La parte más escalofriante del relato la da el propio niño. Hoy ya bajo resguardo de su abuela, el menor relató entre llantos que fue vendado de los ojos, tirado al suelo y amenazado con la muerte de su madre si no se callaba. “Unos señores malos, encapuchados”, dijo el niño, lo bajaron del taxi con groserías, empujones y golpes.
Según su testimonio, el menor fue retenido varios días con su familia, hasta que finalmente fue enviado al albergue del Conecalli y posteriormente entregado a su abuela. Durante todo ese tiempo, la familia fue mantenida incomunicada y sin acceso a defensa legal.
“Mi nieto se despierta gritando, no quiere comer, tiene miedo de dormir… Lo torturaron”, denunció Wendy entre lágrimas. Ya presentó quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y ha interpuesto una denuncia formal contra quienes ejecutaron la detención.
¿Estado de derecho o Estado de terror?
En un Veracruz marcado por la impunidad y la simulación, este caso prende las alarmas sobre la actuación opaca, desmedida y autoritaria de la FGE, que parece operar más con criterios de fuerza bruta que con base en el debido proceso.
La historia de Samantha y su hijo no solo exhibe un abuso mayúsculo de poder, sino un fallo sistémico que pone en tela de juicio los protocolos de actuación de las corporaciones de seguridad y justicia en Veracruz.
Mientras la gobernadora Rocío Nahle guarda silencio y la fiscal Verónica Hernández Giadáns permanece muda ante la ola de acusaciones, en los hechos se perpetúa la violencia institucional… ahora incluso contra menores de edad.
Exigencia: justicia real y castigo a responsables
La familia de Samantha exige una investigación imparcial, acceso a la verdad y justicia tanto para los adultos detenidos como para el menor. Lo que ocurrió el 19 de junio no puede ni debe quedar impune. La justicia no puede justificarse a golpes, con niños vendados ni con testigos silenciados.
Hoy, Veracruz vuelve a mostrar su rostro más oscuro: el de un estado donde las instituciones que deberían proteger, son las mismas que torturan, fabrican delitos y aplastan con botas la dignidad humana.
¿Dónde están los derechos humanos en Veracruz? ¿Hasta cuándo toleraremos que un niño de cinco años sea víctima de terrorismo de Estado?
La respuesta —si es que llega— no debe venir en boletines. Debe venir con renuncias, sanciones y una reconstrucción urgente del sistema judicial que hoy ha tocado fondo.
