EL NEGOCIO DEL ABUSO: ALVISAR SE APROPIA DE LA CALLE Y USA A LA POLICÍA PARA CASTIGAR A QUIEN EJERCE SUS DERECHOS
Un profesor detenido por estacionarse legalmente exhibe la podredumbre del contubernio entre comercio privado, parquímetros y autoridad municipal.
La detención de un conocido profesor por el simple hecho de estacionarse en un espacio público, con parquímetro y debidamente regulado, destapó una cloaca de abuso, corrupción e impunidad en plena zona centro. El escenario: frente a la tienda Alvisar. El “delito”: atreverse a usar un cajón de estacionamiento que, por ley, pertenece a la ciudadanía.
Testigos relatan una práctica que ya es un secreto a voces: personal de Alvisar aparta ilegalmente los cajones, como si la calle fuera extensión de su negocio. No hay letreros oficiales, no hay concesión visible, no hay fundamento legal. Aun así, cuando el docente decidió estacionarse y pagar el parquímetro, el gerente reaccionó con prepotencia, no con argumentos. Y lo siguiente fue todavía más grave: mandó llamar a la policía.
La escena que siguió no fue un acto de mediación ni de legalidad. Fue represión. Elementos policiacos arribaron y, en lugar de garantizar el derecho ciudadano al uso del espacio público, detuvieron al profesor y lo trasladaron a celdas preventivas, imputándole faltas ajenas al hecho real. El mensaje implícito fue demoledor: aquí manda el comercio, no la ley.
Pero lo más alarmante vino de boca del propio gerente, según versiones recabadas en el lugar: “pagamos cuota” al municipio para disponer del espacio público. De ser cierto, no se trata de un abuso aislado, sino de un presunto esquema de corrupción que involucra a la tienda Alvisar, al Ayuntamiento y al sistema de parquímetros. Una red donde la calle se renta bajo la mesa y la policía se usa como brazo represor.
Los parquímetros existen para ordenar y democratizar el uso del espacio urbano. Aquí, en cambio, operan como coartada para el despojo: el ciudadano paga, pero no decide; el comercio manda, y la autoridad obedece. ¿Quién autorizó que un negocio privado determine quién puede estacionarse? ¿Quién cobra la “cuota”? ¿A dónde va ese dinero?
Hasta ahora, Alvisar guarda silencio. El Ayuntamiento también. Ninguno ha explicado por qué un profesor terminó detenido por ejercer un derecho básico. Ninguno ha aclarado si existe un convenio, concesión o —peor aún— un arreglo ilegal para privatizar la vía pública.
El mensaje a la ciudadanía es brutal y cínico: pagar el parquímetro no te protege. Si incomodas a los intereses del negocio equivocado, puedes acabar detenido. Hoy fue un profesor; mañana puede ser cualquiera.
La pregunta ya no es si hubo abuso. La pregunta es quiénes están cobrando, quiénes están encubriendo y hasta cuándo se permitirá que el espacio público sea botín privado con placa y patrulla de respaldo.
Redacción Reportaje Veracruzano
