UN MUERTO, UN FUNCIONARIO INTOCABLE Y CINCO PRESOS: EL CASO CEAPP ES UNA FÁBRICA DE IMPUNIDAD
Por Marco Antonio Palmero Alpírez
Reportaje Veracruzano
Veracruz, Ver., 21 de julio de 2025.—
Una orgía pactada. Un funcionario muerto. Otro sobreviviente con versiones contradictorias. Una Fiscalía que cambia de narrativa como cambia de camisa. Y una gobernadora que sin pruebas ya dictó sentencia. Esta no es una película, es Veracruz. Y el escándalo que envuelve a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) es, sin exagerar, un espejo de la descomposición institucional que carcome a la entidad.
El 25 de junio, el cadáver de José Antonio Miranda García, funcionario de la CEAPP, fue hallado dentro de una vivienda en la colonia Salvador Díaz Mirón, en Banderilla. Su cuerpo tenía golpes visibles y algodón en las fosas nasales. Lo que en un inicio se intentó hacer pasar como una “muerte natural”, mutó en tiempo récord a una muerte por alcohol, luego por golpes, luego asfixia… y finalmente, por intoxicación con benzodiacepinas, esas «gotas» tan convenientes para la narrativa oficial.
Detrás del cadáver estaba otro funcionario: Óscar “N”, su jefe, testigo sobreviviente y —misteriosamente— convertido en pieza clave de una investigación plagada de omisiones, contradicciones y silencios cómplices. Un funcionario que ha confesado haber bebido en exceso, haber pactado servicios sexuales por 7 mil pesos con dos mujeres, haber conducido alcoholizado, no haber llamado a emergencias pese a ver a su colega agonizando, y haberse ocupado primero en cancelar tarjetas y chips que en salvar una vida. Y, aun así, camina libre. Declarando. Señalando. Protegido.
¿A quién encubre la Fiscalía?
La Fiscalía General del Estado, bajo la titularidad de Verónica Hernández Giadáns, ha operado con un guión más digno del teatro que de la justicia: primero dijo que los funcionarios habían estado en el bar Mixteco; luego corrigió, fue en Firex. Luego habló de un robo violento. Después, de intoxicación. Finalmente, de homicidio con “gotas”. Pero todos los caminos conducen a lo mismo: encubrir a Óscar.
Las mujeres contratadas, el dueño del bar, su hijo y una empleada fueron detenidos con rapidez inusitada. Una de ellas, Esther Berenice, fue descrita por Óscar como “poco agraciada” y eso bastó para privarla de la libertad. Su madre clama justicia, asegurando que a su hija la están usando como chivo expiatorio en una red de corrupción estatal que busca proteger a los suyos.
La CEAPP: silente, inerte, cómplice
Mientras el cadáver de uno de sus empleados era utilizado como moneda de cambio en una narrativa construida, la CEAPP ha optado por el silencio absoluto. Ningún pronunciamiento institucional, ninguna investigación administrativa, ningún deslinde. ¿Dónde quedó el supuesto “código de ética” que tanto predican? ¿Dónde están las sanciones por el uso indebido de recursos, por la conducta impropia, por la inmoralidad funcional?
Rocío Nahle: la sentencia sin pruebas
Lejos de exigir justicia imparcial, la gobernadora Rocío Nahle se alineó con la Fiscalía, avalando públicamente la versión de una “banda de goteras”, violando el debido proceso, la presunción de inocencia y legitimando detenciones aún no sostenidas con pruebas. ¿Por qué ese interés de la mandataria en validar una versión que no resiste el más mínimo análisis forense ni jurídico?
¿Será que el muerto estorba, pero el sobreviviente conviene? ¿Será que proteger a un funcionario de la CEAPP sirve para mantener control sobre una prensa dócil o disciplinada? ¿O será que, como tantas veces en Veracruz, la verdad no importa si el escándalo puede controlarse con circo judicial?
Las preguntas que el gobierno no quiere responder:
¿Por qué un funcionario público sigue libre tras omitir auxilio a un moribundo?
¿Por qué la Fiscalía calla sobre las lesiones físicas del cadáver?
¿Por qué la CEAPP no ha iniciado investigación alguna sobre la conducta de sus empleados?
¿Por qué la gobernadora avala públicamente una versión no sentenciada?
El mensaje es claro: el muerto no importa. Importa el relato.
Mientras el cuerpo de José Antonio clama desde la tumba por justicia, su caso se convierte en una radiografía del autoritarismo institucional, de la manipulación fiscal, del uso político del sistema de justicia. Y lo peor: de la impunidad cínica que, como un virus, ha infectado los más altos niveles del gobierno veracruzano.
Este escándalo no se trata sólo de sexo, muerte y encubrimiento. Se trata de cómo se construye la verdad oficial en Veracruz: a base de mentiras, silencios, conveniencias y cadáveres.
La verdad está secuestrada.
Y la justicia, como José Antonio, está muerta.
Redacción Reportaje Veracruzano
