Gobierno de Veracruz proyecta dos nuevos penales en 2026 mientras enfrenta crisis por sobrepoblación y errores en operativos
Xalapa, Ver., 25 de agosto de 2025. — La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, adelantó que su administración contempla la construcción de dos nuevos centros penitenciarios en 2026, como respuesta a la creciente sobrepoblación que afecta a los 17 Centros de Reinserción Social (CERESOS) de la entidad.
En conferencia de prensa, la mandataria explicó que la Secretaría de Seguridad Pública presentó un diagnóstico sobre el estado actual de los reclusorios, en el que se evidenció la necesidad no solo de ampliar la capacidad instalada, sino también de reubicar algunos penales.
“Me mostraron incluso un penal para reos de bajo y mediano impacto y un penal para personas de alta seguridad”, puntualizó Nahle al describir la propuesta. La funcionaria reconoció que el hacinamiento carcelario no solo compromete la seguridad interna de los CERESOS, sino que también limita los procesos de reinserción social.
El otro frente: abusos en operativos de seguridad
La misma rueda de prensa estuvo marcada por un tema sensible: el allanamiento erróneo cometido en días recientes en Las Choapas, donde fuerzas estatales, federales y ministeriales irrumpieron en un domicilio equivocado y detuvieron brevemente a un menor de 13 años de edad.
Nahle García reconoció la gravedad del hecho y señaló que debe haber reparación de los daños para la familia afectada. “Si dicen que fueron a la fiscalía de Las Choapas y no les tomaron la denuncia, yo les exhorto a que vayan a la fiscalía de Coatzacoalcos o a la de Minatitlán, yo voy a hablar para que les tomen la denuncia y presenten lo de desastre que dicen y se les pague en caso de que les hayan destruido algo”, sostuvo.
La gobernadora subrayó que, de confirmarse daños materiales provocados por la irrupción de las corporaciones, el Estado está obligado a responder.
Un doble desafío para Veracruz
El anuncio de nuevos penales y el reconocimiento de fallas en operativos colocan al gobierno estatal en una posición compleja: por un lado, intenta atender la saturación penitenciaria con una inversión significativa en infraestructura; por el otro, enfrenta reclamos ciudadanos por abusos y errores de las fuerzas de seguridad.
Ambos temas se entrelazan en un punto crítico: la confianza de la población en el sistema de justicia. Mientras los penales rebasan su capacidad, los ciudadanos piden garantías de que los operativos respeten los derechos humanos y no se conviertan en tragedias familiares por equivocaciones.
Redacción Reportaje Veracruzano
