Licencia inexistente y lujos ocultos: ¿Quieren tumbar al “rey del despilfarro”?
Un verdadero espectáculo de confusión y cinismo sacude a la clase política: el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, fue presumido como solicitando licencia para separarse del cargo desde el 1 de agosto. Sin embargo, todo resultó ser un error editorial—la solicitud correspondía a otro legislador—y nunca se registró oficialmente dicha licencia.
El escándalo del vestidor: cuatro millones y medio en lujo sin declarar
En paralelo, el diputado y su esposa, la diputada Diana Karina Barreras—mejor conocida como “Dato Protegido”—han sido exhibidos ostentando una colección de ropa, joyas y accesorios de lujo valorada en más de 4.7 millones de pesos, la cual no aparece en sus declaraciones patrimoniales ante la Cámara de Diputados.
Contratos millonarios a enfermera sin formación
Pero el escándalo no termina ahí. Su esposa también se encuentra implicada en un presunto caso de corrupción: Karla Judith Dávila Sasturain, una enfermera con sueldo mensual de apenas 6 mil pesos, habría recibido contratos públicos por más de 6 millones de pesos, incluyendo remodelación de escuelas y rentas de autos. Además, fue beneficiada con un contrato de publicidad por más de 77 mil pesos durante la campaña de Barreras.
¿Licencia o cortina de humo?
La supuesta solicitud de licencia del diputado —ahora desmentida— parece una maniobra desesperada por desviar la atención del creciente señalamiento público que enfrenta la pareja: acusaciones de corrupción, lujos desmedidos y una clara desconexión entre su estilo de vida y sus ingresos oficiales. ¿Habrá sido esta “confusión” una orden mediática para apagar los reflectores de la indignación ciudadana?
¿Dónde está la congruencia de la “Cuarta Transformación”?
Sergio Gutiérrez Luna no es un político cualquiera. Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derecho Constitucional y una carrera que lo llevó de asesor en el Senado al liderazgo de la Cámara Baja . Mientras tanto, su esposa Diana Karina Barreras, licenciada en Derecho y acreditada por su laberíntica trayectoria política, defiende una narrativa de violencia política de género tras haber denunciado a una ciudadana por un comentario crítico: el Tribunal Electoral la sancionó y obligó a la persona denunciada a disculparse por 30 días, lo que provocó furor en redes bajo el hashtag #DatoProtegido .
El pueblo exige claridad: ¿De dónde obtuvo esa fortuna?
¿Podrá explicar el diputado y su esposa cómo se financian esos niveles de consumo? ¿Declararán y cederán cuentas ante una investigación seria? Mientras tanto, el clamor público exige respuestas. No se trata de declaraciones altisonantes: es dignidad pública.
Redacción Reportaje Veracruzano
