Escándalo en las filas policiales: ¿por qué Veracruz detiene a sus propios guardianes por crímenes de hace una década?
En un operativo que expone las grietas profundas en el sistema de seguridad de Veracruz, agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) irrumpieron en la Academia de Policía Estatal de El Lencero para arrestar a elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Fuentes iniciales reportaron tres detenciones, pero comunicados posteriores de la Fiscalía General del Estado (FGE) elevaron la cifra a once, todos acusados de desaparición forzada en hechos ocurridos en Coatzacoalcos en 2015. ¿Se trata de una purga genuina o de un tardío lavado de imagen en un estado plagado por la impunidad?
El despliegue, ejecutado con precisión quirúrgica en las instalaciones del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) de Emiliano Zapata, sorprendió a decenas de policías concentrados en el lugar. Los detenidos —miembros de la Policía Estatal y de la disuelta Fuerza Civil, una corporación señalada por denuncias de tortura y violaciones a derechos humanos— no opusieron resistencia y fueron trasladados ante un juez de control en Coatzacoalcos. La FGE vincula los arrestos con las carpetas de investigación IM COAT2/506/2015 y su acumulada IM COAT2/519/2015, que derivaron en la causa penal 1/2021, refiriéndose a “varias víctimas” sin detallar identidades ni circunstancias. Surge entonces la pregunta: ¿por qué estos mandatos judiciales emergen diez años después, cuando Veracruz ha sido epicentro de miles de desapariciones forzadas durante administraciones pasadas?
La acción plantea interrogantes demoledoras sobre la integridad de las fuerzas de seguridad estatales. Si estos once oficiales —detenidos por sus propios compañeros en un acto de “apoyo” a la FGE— han permanecido en servicio activo pese a imputaciones tan graves, ¿cuántos más en la SSP podrían estar contaminados por el legado tóxico de la Fuerza Civil? La discrepancia en el número de arrestos entre reportes iniciales (tres) y oficiales (once) sugiere opacidad o una escalada repentina, alimentando sospechas de que el operativo podría ser selectivo, quizá para desviar la atención de escándalos mayores o responder a presiones federales. ¿Están las autoridades veracruzanas finalmente confrontando su historial de abusos, o se trata de un espectáculo para aplacar a víctimas y organismos internacionales que han documentado violaciones sistemáticas en la entidad?
La ausencia de detalles públicos sobre los delitos —más allá de la presunción de “hechos de alto impacto”— agrava la desconfianza. Mientras la SSP y la FGE prometen un comunicado inminente, cabe cuestionar: ¿qué mecanismos de supervisión fallaron para permitir que presuntos responsables de desapariciones forzadas siguieran portando uniforme y arma? ¿Habrá consecuencias para mandos superiores que posiblemente encubrieron estos actos? En un estado donde Veracruz registra uno de los índices más altos de fosas clandestinas en México, estas detenciones no solo representan un golpe a la corrupción policial; también son un recordatorio punzante de que la justicia diferida es, en esencia, justicia denegada. Las víctimas merecen respuestas concretas, no vaguedades institucionales.
Redacción Reportaje Veracruzano
