¿Ladrona con apellido político o víctima sacrificada? El caso Remes que desnuda las grietas del poder en Veracruz
Poza Rica, Veracruz, 28 de octubre de 2025. – En un torbellino de videos incriminatorios, testimonios familiares que apuñalan por la espalda y consignas feministas que rugen en las redes, Lilia Fernanda Remes Oropeza, hija del todopoderoso alcalde de Poza Rica, Fernando “El Pulpo” Remes, yace tras las rejas en Hidalgo.
¿Es esta mujer de 34 años, candidata a diputada plurinominal y madre de tres, una depredadora que saqueó a su ex por venganza, o el peón en un tablero de violencia vicaria orquestado por un sistema que protege a los agresores con colmillos afilados?
La pregunta no es retórica: en un estado donde el poder familiar se entreteje con la justicia como hiedra venenosa, este escándalo no solo sacude los cimientos de la dinastía Remes, sino que interroga a grito pelado: ¿quién custodia realmente a los niños cuando los adultos juegan con relojes de lujo y custodias robadas?
El juez Jesús Anim Ope Islas no titubeó: el viernes 24 de octubre vinculó a proceso a Lilia Fernanda “N” por robo calificado a casa habitación en un fraccionamiento hidalguense, dictándole prisión preventiva justificada por dos meses de investigación complementaria.
Las pruebas del Ministerio Público son un martillo: videos que la captan entrando y saliendo con bolsas repletas de dólares, efectivo y relojes de alta gama —un botín millonario sustraído, según la fiscalía, de la morada de su exesposo, Adán “N”.
Pero el dardo que hiere más profundo son los testimonios de su propia sangre: su madre y su hermana, pilares que deberían blindarla, la señalan como culpable, alimentando una narrativa de traición filial que huele a intereses ocultos.
¿Dinero? ¿Rencores acumulados en una ruptura que ya le costó la custodia de sus hijos por una supuesta “enfermedad mental”? Fuentes allegadas susurran que la matriarca Remes se alineó con el ex, un hombre de fama empañada por alcoholismo crónico, infidelidades seriales y finanzas opacas, tejiendo una telaraña donde el amor materno se evapora ante el aroma del poder.
Pero deténgase el lector: ¿dónde están los documentos oficiales que iluminen esta penumbra?
La Fiscalía General del Estado de Hidalgo guarda silencio sepulcral —ni un boletín ni una resolución pública al cierre de esta edición—, mientras el Poder Judicial hidalguense ofrece un vacío en su consulta en línea.
Lo que sí inunda las redes es un vendaval de apoyo feminista: colectivos locales y nacionales la erigen como mártir de la violencia vicaria, esa hidra legal que usa a los hijos como armas contra las madres.
Lilia Fernanda clamó en su conferencia del 14 de octubre haber padecido 12 años de tormento por Adán, quien —alega— sustrajo ilegalmente a sus tres hijos de 8, 11 y 19 años, negándole visitas por cinco meses pese a un acuerdo divorcial pisoteado.
“Confundieron un tema familiar con uno penal”, denunció, blandiendo videos de abogados rivales en maniobras turbias.
La abogada y columnista Karla Doig Alvear elevó la voz en El Debate: “Una víctima de violencia no debería terminar en prisión”, implorando al gobernador Julio Menchaca intervenir en esta “flagrante injusticia”.
¿Respaldo genuino o oportunismo? Críticos como Max Rockatansky, en su análisis viral, advierten: estos grupos, con historial de desinformación misándrica, polarizan sin pruebas verificables, convirtiendo un drama judicial en circo digital donde los niños —el epicentro olvidado— se pierden en el ruido.
Y aquí radica la interrogante que quema: ¿por qué el riesgo de fuga se invoca como espada de Damocles solo cuando el apellido es Remes?
La imputada, con recursos económicos y residencia veracruzana, es un blanco fácil para el juez, que rechazó medidas alternativas pese a su exoneración en uno de los cargos.
En Poza Rica, bastión del clan Remes —donde el padre alcalde navega escándalos como un pulpo en tinta—, este encierro no es solo personal: es un terremoto moral que expone cómo el poder político devora a sus crías.
¿Traición materna por herencia disputada? ¿Venganza de un ex que, con su historial de excesos, pinta a Lilia como la villana para reclamar custodia? ¿O un sistema que, en México, castiga a las mujeres en un 70% de los casos de violencia familiar sin priorizar el bienestar infantil, como denuncia el Observatorio de Violencia Vicaria en su informe 2023-2024?
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reformada en 2023, promete escudos, pero en la práctica… ¿quién vela por los menores atrapados en esta ruleta?
Cientos de padres y madres pozarricenses languidecen en juicios eternos sin reflectores, sin campañas virales, sin el lujo de un apellido que haga temblar al Congreso.
Este caso no es mero chisme de élite: es un bisturí que corta las venas de la justicia veracruzana.
Mientras Lilia Fernanda pugna por su libertad —y sus hijos por un abrazo negado—, la sociedad demanda: ¿cuándo los expedientes hablarán en voz alta?
¿Cuándo el apellido Remes dejará de ser escudo y se convertirá en sinónimo de rendición de cuentas?
La investigación avanza, pero el reloj —irónicamente, uno no robado— marca el pulso de una verdad que, por ahora, sangra en silencio.
Gallito Noticias y colectivos como la Red Nacional de Refugios exigen transparencia; el gobernador Menchaca, respuestas.
Porque en Veracruz, la justicia no debería tener apellido.
Ni relojes de oro.
Solo equidad.
Redacción Reportaje Veracruzano
