EL ESCÁNDALO QUE YA NO PUEDEN OCULTAR: CAZARÍN, EL DELEGADO QUE ACUMULA DENUNCIAS EN PAPANTLA, POZA RICA Y VERACRUZ; BIENESTAR, REBASADO POR SU PROPIA CORRUPCIÓN
Por Reportaje Veracruzano
Veracruz / Veracruz — 20 de noviembre de 2025
En plena sesión en San Lázaro, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, reventó una bomba política que la Secretaría de Bienestar ya no puede seguir barriendo bajo la alfombra:
el delegado estatal Juan Javier Gómez Cazarín está denunciado penal y electoralmente por ciudadanos de Papantla, Poza Rica y Veracruz, y aún así el gobierno federal lo mantiene en el cargo responsable de administrar los programas sociales más sensibles del país.
Gil no se anduvo por las ramas. Frente a la secretaria Ariadna Montiel Reyes, exhibió lo que calificó como un “impedimento total para la transparencia y la rendición de cuentas”:
un delegado cuestionado, señalado y acusado por múltiples irregularidades… pero protegido políticamente.
CONDICIONAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES TRAS LA CATÁSTROFE EN EL NORTE DEL ESTADO
El legislador recordó que, tras la tragedia natural ocurrida hace dos meses en la zona norte de Veracruz, varios ciudadanos denunciaron que la entrega de apoyos fue condicionada, manipulada y operada con criterios políticos, no humanitarios.
“¿Cómo quieren que haya confianza si en lugar de ayudar, lucran con la desgracia?”, lanzó Gil ante el pleno.
DENUNCIAS EN TRES MUNICIPIOS: PAPANTLA, POZA RICA Y VERACRUZ
Las acusaciones contra Gómez Cazarín no son rumores ni ataques retóricos:
existen denuncias formales, con carpetas abiertas y señalamientos directos provenientes de tres municipios distintos—una cifra inédita para un delegado federal de Bienestar.
De acuerdo con Gil Rullán, estas denuncias no se limitan a temas administrativos: abarcan delitos penales y electorales derivados de presuntos condicionamientos, manipulación operativa y uso político de los programas sociales.
EL CASO CETIS 15: CONTRATOS DIRECTOS POR 1.5 MILLONES A EMPRESAS LIGADAS AL DELEGADO
Uno de los señalamientos más graves proviene del puerto de Veracruz, donde padres de familia del CETIS 15 denunciaron que dos domos escolares, con un costo estimado de 1.5 millones de pesos, fueron asignados por adjudicación directa a contratistas presuntamente vinculados al propio delegado.
El señalamiento apunta a un posible esquema de contratos dirigidos y beneficio a proveedores cercanos, una práctica que contradice el discurso de austeridad y transparencia del gobierno federal.
¿POR QUÉ SIGUE AHÍ? EL SILENCIO DE BIENESTAR
Pese a la gravedad de las acusaciones y la presión pública, Ariadna Montiel evitó profundizar en las denuncias contra Cazarín, lo cual abrió un nuevo cuestionamiento dentro del pleno:
¿El delegado es útil políticamente? ¿Es intocable? ¿O su permanencia confirma que en Veracruz los programas sociales siguen siendo botines electorales?
EXIGEN INFORMACIÓN PÚBLICA: PADRÓN GEOREFERENCIADO, MONTOS, PROVEEDORES Y DICTÁMENES
Gil Rullán cerró su intervención lanzando un ultimátum institucional:
—“Publiquen ya el padrón georreferenciado de beneficiarios, el monto, el dictamen de daño y los proveedores de enseres en Poza Rica, Álamo, Tuxpan y la Huasteca. La ciudadanía tiene derecho a saber”.
La petición deja en evidencia que la opacidad no es un accidente: es un modelo operativo.
UNA DELEGACIÓN REBASADA, UNA SECRETARÍA QUE CALLA, Y UN DELEGADO QUE ACUMULA DENUNCIAS
Lo dicho en el Congreso no fue un señalamiento aislado: es el retrato de una delegación federal que opera sin controles, sin transparencia y bajo la sombra de un delegado cuestionado en tres regiones distintas del estado.
La pregunta ahora es obligada:
¿Cuántas denuncias más se necesitan para que el gobierno federal deje de proteger a Gómez Cazarín?
O, más profundo aún:
¿Hasta dónde llega la red de intereses que mantiene en pie a un delegado acusado penal y electoralmente por ciudadanos de tres municipios?
Veracruz exige respuestas. Y esta vez, la nación lo está mirando.
Redacción Reportaje Veracruzano
