Xalapa, Ver.— La bomba financiera heredada por la Secretaría de Salud del gobierno de Cuitláhuac García está a punto de estallar. El contralor general del Estado, Ramón Santos Navarro, reconoció ante el Congreso local que los exfuncionarios de Salud difícilmente podrán solventar las millonarias observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2024. El monto observado: 1,184 millones 582 mil 442 pesos.
De acuerdo con el contralor, la ASF detectó irregularidades mediante una auditoría integral del gasto federalizado destinado a material de salud. Aunque oficialmente aún no existe daño patrimonial, la ventana de tiempo para aclarar el uso de los recursos se estrecha peligrosamente:
- Primera etapa de aclaración: 30 días (actualmente en curso).
- Etapa final: marzo de 2026.
Santos Navarro anticipó que en esta primera fase “muy probablemente” no se lograrán solventar los más de mil millones señalados. Si para marzo no existen aclaraciones suficientes, en abril la ASF deberá proceder con denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Y, si así se instruye, la Contraloría estatal también podría presentar denuncias paralelas.
El funcionario subrayó que la ASF es la única autoridad con competencia directa sobre recursos federalizados, mientras que la Contraloría funge únicamente como enlace técnico nombrado por la gobernadora Rocío Nahle.
La comparecencia también destapó otro dato revelador: 288 sanciones aplicadas en un solo año a exservidores públicos del gobierno de Cuitláhuac García, derivadas de la revisión del ORFIS. Entre ellas:
- 71 por negligencia administrativa,
- 72 por auditorías gubernamentales,
- 28 por omitir declaraciones patrimoniales,
- 25 por quejas ciudadanas,
- 13 por acciones del Órgano Interno de Control.
Con los tiempos de la auditoría avanzando y las cifras sin aclarar, el caso apunta a escalar a nivel federal. La sombra de las denuncias ante la FGR ya se dibuja sobre los exfuncionarios de Salud, y el Estado de Veracruz se prepara para el siguiente capítulo de un posible megacaso de responsabilidad administrativa y penal.
Redacción Reportaje Veracruzano
