EL SAQUEO QUE INDIGNA A VERACRUZ: DIPUTADOS Y ALCALDES CONVIERTEN “LA ESCUELA ES NUESTRA” EN UNA MAQUINARIA MILLONARIA Y ELECTORAL
Una red político-empresarial vinculada a Juan Javier Gómez Cazarín estaría usando dinero federal para comprar lealtades, presionar padres de familia y construir poder rumbo al 2027.
Veracruz vuelve a colocarse en el centro de un escándalo mayúsculo que desmonta por completo el discurso de “honestidad” de Morena. La investigación publicada por Periódico Veraz revela que diputados, alcaldes y operadores del norte del estado habrían convertido el programa federal “La Escuela es Nuestra” en una gigantesca red de negocios, extorsiones, contratos amañados y construcción de una estructura política al servicio del delegado de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín.
UNA RED PARALELA QUE FUNCIONA COMO FEUDO POLÍTICO
Según la investigación, Cazarín —mejor conocido como “El Carón” o “Abejita primavera”— estaría utilizando el programa federal como su caja chica y como plataforma para edificar un ejército de aliados que le garantice poder en 2027. Su objetivo: diputación, senaduría e incluso la gubernatura, si se descuidan.
Los empleados de Bienestar, asegura el reportaje, llegan con padres de familia beneficiarios del programa y los presionan para entregar los contratos de obra exclusivamente a constructoras propiedad de diputados y alcaldes afines a Cazarín. Si no aceptan, los recursos no fluyen.
El mecanismo es perverso:
el dinero federal que debería ir a escuelas rurales termina financiando ambiciones políticas personales.
LOS OPERADORES: ENTRE POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y PERSONAJES SEÑALADOS POR NEXOS DELICTIVOS
La investigación da nombres y apellidos.
Adrián Domínguez Rangel, “El Cachas”
Alcalde electo de Tampico Alto.
Señalado por vínculos con grupos criminales y detenido en 2018 con armas de fuego.
Hoy es, según el reportaje, el principal operador territorial de Cazarín. Coordina alcaldes, controla zonas de influencia y hasta habría regalado una camioneta Jeep Cherokee blindada al dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta.
Rosalía Muñoz “Chalía”
Presidenta municipal de Tantima.
Opera temas de seguridad, estructura política y apoyo electoral para Cazarín.
Roberto Francisco San Román Solana
Diputado local reelecto por Tantoyuca.
Sin resultados legislativos, pero beneficiado con numerosas obras de “La Escuela es Nuestra” a través de sus constructoras.
Las obras son manejadas por su hermano Gerardo, pareja sentimental de Dorheny García Cayetano.
Imelda Garrido Alvarado y Elizabeth Cervantes de la Cruz
Diputadas que siguen instrucciones directas de Cazarín.
Cervantes, dicen, también cobra con contratos federales del programa.
PADRES DE FAMILIA, REDUCIDOS A PRESTANOMBRES POLÍTICOS
El programa fue diseñado para dar autonomía a las comunidades y mejorar escuelas rurales a través de comités de padres de familia.
Pero en Veracruz, según esta investigación, los padres no deciden nada: son obligados a firmar contratos predefinidos con empresas ligadas al grupo de Cazarín.
Es decir:
un programa social noble convertido en un instrumento de coacción política y enriquecimiento particular.
¿QUIÉN CONTROLA A LOS QUE BLOQUEAN EL PROGRAMA?
Las preguntas son demoledoras:
- ¿Sabe la administración federal que su programa está siendo utilizado para fines electorales?
- ¿Tiene conocimiento Claudia Sheinbaum de que su delegado opera de manera idéntica —o peor— que Eric Cisneros, a quien tanto criticó?
- ¿Dónde están la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Contraloría interna de Bienestar?
- ¿Cuántos millones de pesos están siendo desviados?
La respuesta parece evidente:
nadie está vigilando y nadie está deteniendo el desvío.
VERACRUZ: UN ESTADO A MERCED DE AMBICIONES PERSONALES
La investigación muestra algo más grave que corrupción aislada.
Revela una estructura que opera verticalmente, con roles definidos, objetivos políticos claros, control territorial, presión económica y uso de recursos públicos para manipular comunidades enteras.
Esto ya no es un caso.
Es un sistema.
Un sistema que convierte escuelas pobres en herramientas electorales, y padres de familia en instrumentos para lavar contratos.
CONCLUSIÓN: EL ESCÁNDALO QUE PUEDE REVENTAR A NIVEL NACIONAL
Si esta red se confirma, Morena enfrentará su crisis interna más fuerte en Veracruz desde 2018.
Los hechos revelados son demasiado específicos, demasiado estructurados y demasiado graves para ignorarse.
Porque lo que aquí se denuncia no es solo desvío de recursos.
Es el uso ilegal de un programa social federal para financiar una maquinaria electoral privada.
Es un ataque directo a la transparencia, a las comunidades rurales y a la dignidad del cargo público.
Y tarde o temprano, esto va a explotar.
La pregunta es:
¿Quién caerá primero cuando la estructura se venga abajo?
Redacción Reportaje Veracruzano
