Estalla la indignación en Amatlán: ciudadanía cierra filas contra intento de liberar a sacerdote acusado de pederastia agravada
Amatlán de los Reyes, Ver. — El hartazgo social llegó a un punto de quiebre. La sola posibilidad de que el sacerdote Mario N. N., acusado de pederastia agravada, abandone el penal de La Toma para seguir su proceso desde casa bajo el argumento de padecer asma e hipertensión, detonó una ola de rechazo feroz entre ciudadanos, familiares de la presunta víctima y vecinos de toda la región.
La audiencia realizada este jueves en la Sala de Juicios Orales del distrito judicial de Córdoba encendió alarmas por todos lados. La defensa del exministro religioso solicitó modificar la medida cautelar y sustituir la reclusión por arraigo domiciliario, pese a que los señalamientos en su contra describen presuntos abusos sexuales cometidos durante aproximadamente cuatro años contra una menor de edad perteneciente a la comunidad de Huixcolotla, Tierra Blanca.
Los hechos, además de haber sido denunciados ante la autoridad ministerial, también fueron notificados a la Diócesis de Córdoba, lo que subraya la gravedad del caso y el impacto moral sobre la comunidad.
Pero lo que verdaderamente irritó a la población fue la posibilidad —aunque aún no resuelta— de que el juez Tirso Hernández Ayala otorgue el beneficio solicitado. Para los familiares y habitantes de Amatlán y municipios cercanos, el mensaje sería devastador: que un imputado por pederastia agravada pueda abandonar un penal alegando condiciones médicas comunes mientras una menor lucha por justicia.
El rechazo social se convirtió rápidamente en acción. Los inconformes convocaron a una manifestación el próximo 27 de noviembre a las 10:30 de la mañana, frente al penal de La Toma, para exigir que el sacerdote permanezca recluido mientras continúa el proceso. Temen que un cambio de medida cautelar no solo obstaculice la justicia, sino que revictimice a la menor y abra la puerta a un trato privilegiado improcedente.
La demanda ciudadana es clara y contundente: ningún acusado de pederastia debe volver a su casa antes de que un tribunal determine su culpabilidad o inocencia. Exigen rigor legal, cero concesiones y absoluta sensibilidad de las autoridades responsables.
La autoridad judicial indicó que el asunto continúa en etapa procesal y que será el juez Hernández Ayala quien determine lo procedente conforme a derecho.
Mientras tanto, el sentimiento en la calle es inequívoco:
La región no está dispuesta a tolerar decisiones que puedan interpretarse como un retroceso en la protección de la niñez o un privilegio inadmisible para quien enfrenta una de las acusaciones más graves del Código Penal.
Redacción Reportaje Veracruzano
