NUEVE AÑOS EN EL OLVIDO: EXTRABAJADORES DEL SEGURO POPULAR EXIGEN JUSTICIA Y DESNUDAN EL CINISMO BUROCRÁTICO DEL GOBIERNO VERACRUZANO
Xalapa, Ver. — Nueve años de espera, nueve años de promesas rotas y nueve años de indiferencia gubernamental. Así viven los extrabajadores del extinto Seguro Popular, quienes volvieron a las calles este miércoles para exigir el pago de sus laudos laborales, por un monto de 10 millones de pesos para 24 compañeros, mientras otro grupo de 55 sigue esperando 40 millones más que el Gobierno del Estado no ha querido liberar.
El drama laboral se arrastra desde el sexenio de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando —a través de un correo electrónico— fueron despedidos trabajadores con 10, 12 y hasta 15 años de servicio, justo antes de que se extinguiera el organismo. Aquella maniobra, según denuncian, fue un acto de simulación política para borrar derechos adquiridos, disfrazado bajo el cambio de nombre al llamado “Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud”.
“Estamos a dos meses de cumplir nueve años en la calle”, declaró Ángel Carrera Ramírez, secretario del sindicato del extinto organismo. “Nos despidieron de un plumazo, pero ni la justicia laboral ni los gobiernos sucesivos han tenido el valor de reparar el daño”.
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se han convertido en el muro infranqueable de la desesperanza. Según los afectados, el pago depende de que Salud envíe los dictámenes escaneados de los laudos a Finanzas, para que esta última los valide. Pero el trámite se ha convertido en un laberinto interminable de papeles, excusas y burocracia, donde cada firma tarda meses y cada reunión termina sin soluciones.
El conflicto, que debería resolverse con voluntad y justicia, se ha transformado en un símbolo del desprecio oficial hacia los derechos laborales. Los exempleados recuerdan que en marzo del año pasado, bajo el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, se firmó un convenio para pagar a 68 de los 127 despedidos. Pero solo 47 recibieron su dinero, y otros 12 fueron liquidados a cuentagotas. Desde entonces, la promesa se evaporó entre archivos y excusas técnicas.
“La Secretaría de Salud lleva tres meses con los dictámenes atorados; los mandan mal o incompletos. Y mientras tanto, nosotros seguimos esperando… sin trabajo, sin ahorro y sin justicia”, lamentó Carrera Ramírez.
La paradoja es grotesca: las instituciones que debían proteger la salud y el bienestar de los veracruzanos enfermaron de corrupción e indolencia, dejando en la ruina a sus propios trabajadores. Hoy, de los 127 que iniciaron la lucha, solo quedan 80, algunos enfermos, otros envejecidos, todos con la esperanza erosionada por el tiempo.
El caso no es solo una deuda económica. Es una herida moral en el sistema de justicia laboral del estado, que castiga al trabajador por haber servido. Mientras el gobierno presume austeridad y presume estabilidad, 80 familias sobreviven del olvido institucional que los arrojó a la calle sin más razón que el capricho político de extinguir un nombre para borrar obligaciones.
Veracruz vuelve a exhibir su peor rostro: el de una administración que promete justicia social, pero la niega con sellos y oficios sin firma.
Nueve años después, los extrabajadores del Seguro Popular no piden favores: exigen el cumplimiento de la ley.
Y en un estado donde la ley solo parece aplicarse al débil, su grito —como su causa— sigue resonando en el aire:
“¡No queremos limosnas, queremos justicia!”
Redacción Reportaje Veracruzano
