CASTIGADO POR DECIR LA VERDAD: 18 AÑOS DE PERSECUCIÓN CONTRA EL MÉDICO QUE DESNUDÓ LA MENTIRA DEL ESTADO EN EL CASO ERNESTINA ASCENCIO

Orizaba, Veracruz

Decir la verdad en México no siempre conduce a la justicia. A veces conduce al exilio laboral, a la persecución política y al castigo ejemplar. El caso del médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez es prueba viva de ello: 18 años de hostigamiento por sostener un dictamen médico que el poder quiso borrar.

Mendizábal fue el perito que confirmó lo que el Estado se empeñó en negar: que Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua, fue víctima de violación y tortura antes de morir. Su dictamen contradecía frontalmente la versión oficial impulsada en 2007 por el entonces gobierno federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, que pretendió cerrar el caso atribuyendo la muerte a causas “naturales”.

El precio por no alinearse fue brutal.

El médico fue amenazado con prisión, perseguido política y laboralmente, y finalmente dado de baja de su trabajo sin explicación, sin liquidación y sin respeto a sus derechos laborales, quedando en un limbo jurídico que se ha prolongado casi dos décadas. Todo por no retractarse, por no firmar la mentira, por no doblarse.

“Yo me sostuve; todavía existe gente que tiene un poquito de dignidad”, ha declarado Mendizábal. Una frase que, en este país, suena casi subversiva.
Hoy, la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano no sólo confirma lo que durante años se intentó sepultar, sino que expone el andamiaje de encubrimiento, simulación y represalia que se activó contra quienes defendieron la verdad. La resolución internacional deja claro que el Estado falló, mintió y violentó derechos fundamentales.

Pero la pregunta incómoda sigue en el aire:

¿Quién responde por la vida profesional destruida del médico que hizo su trabajo?
¿Quién repara el daño a quien fue castigado por actuar con ética?
¿Dónde está la justicia laboral para quien fue convertido en chivo expiatorio del poder?

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen que el Estado mexicano cumpla integralmente la sentencia de la CIDH, lo que implica no sólo reconocer a la víctima, sino reparar el daño a quienes fueron perseguidos por defenderla. En el caso de Mendizábal Pérez, la exigencia es clara: reinstalación inmediata en su cargo o, en su defecto, pensión y jubilación conforme a derecho.

Este no es un asunto administrativo. Es un caso emblemático de castigo institucional. Un mensaje de advertencia que durante años fue claro: en México, quien contradice al poder paga las consecuencias.

Si hoy el Estado reconoce —forzado desde el ámbito internacional— que mintió, entonces también debe reconocer a quienes se negaron a mentir. Porque sin justicia para ellos, la verdad sigue incompleta.

Y porque no puede haber reconciliación sin reparación, ni democracia mientras la dignidad siga siendo motivo de persecución.

Redacción Reportaje Veracruzano