CAYÓ EL JEFE… Y AHORA ¿QUIÉN LO PROTEGIÓ?
La detención de Santoyo destapa la cloaca en la Policía de Papantla
La caída de José Miguel Santoyo Hernández no es un hecho menor ni un simple expediente más en el Registro Nacional de Detenciones: es la confirmación de que algo se pudrió —desde hace tiempo— en la estructura de seguridad municipal de Papantla, y de que las advertencias públicas fueron ignoradas hasta que el escándalo alcanzó dimensión penal.
El lunes 29 de diciembre de 2025, a las 11:35 horas, en la colonia Barrio de Analco, en la ciudad de Puebla, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutó la detención del exdirector de la Policía Municipal de Papantla. El operativo, coordinado desde la cúpula federal, terminó con Santoyo a disposición del Juzgado de Control del Octavo Distrito Judicial de Veracruz. Hoy, el excomisario ya no porta insignias: porta un expediente.
Del respaldo oficial a la captura
Santoyo no era un improvisado. Licenciado en Derecho, con antecedentes en fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, encabezó durante años la seguridad pública de Papantla. Apenas el 20 de agosto de 2025 dejó el cargo, y no por escándalo —según la versión oficial— sino por una supuesta “rotación ordenada” por la Secretaría de Seguridad Pública estatal. El Ayuntamiento, lejos de marcar distancia, lo despidió con elogios, destacando su “profesionalismo” y sus “aportaciones a la seguridad”.
Hoy, ese comunicado luce como una coartada institucional o, en el mejor de los casos, como una muestra alarmante de ceguera política.
Las señales estaban ahí
Durante su gestión, Santoyo acumuló señalamientos que nunca fueron atendidos con seriedad:
Abuso de autoridad: en julio de 2023, un video exhibió a Víctor “N”, escolta cercano al comisario, golpeando a un detenido dentro de la comandancia. La pregunta sigue intacta: ¿cómo se permite ese nivel de brutalidad sin una cadena de mando que la tolere?
Presunta colusión criminal: en abril de 2025, la diputada local Mayra Angélica Amador Pérez lo acusó públicamente de permitir el cobro de “derecho de piso” a comerciantes del Totonacapan y de una supuesta cercanía con grupos delictivos. No fue un rumor de cantina: fue una denuncia política directa.
Descomposición interna: alrededor de 20 policías habrían renunciado denunciando maltrato laboral, abandono institucional y falta de apoyos básicos. Cuando una corporación se desmorona desde dentro, no es casualidad: es síntoma.
Extorsión y silencio oficial
Aunque versiones preliminares apuntan a que Santoyo enfrentaría cargos por extorsión, hasta ahora la Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene bajo reserva los delitos concretos que se le imputan. No se ha informado de audiencia inicial ni de una posible vinculación a proceso. El silencio, en este punto, no abona a la confianza pública.
La pregunta incómoda
La detención de Santoyo es apenas la primera ficha que cae. La interrogante central sigue en el aire:
¿Quién lo sostuvo, quién lo protegió y quién se benefició mientras las denuncias se acumulaban?
La exigencia social es clara: que la investigación no se quede en el ejecutor operativo y avance hacia los niveles políticos y administrativos que lo proyectaron, lo defendieron y lo blindaron. En Veracruz, la impunidad suele tener padrinos.
La gobernadora Rocío Nahle enfrenta ahora una prueba de fondo: demostrar que su administración no será tapadera de redes heredadas, ni de células que —según múltiples señalamientos— se incubaron al amparo del poder en sexenios anteriores. Si la justicia se detiene en Santoyo, no será justicia: será control de daños.
Porque cuando cae el jefe de policía, la verdadera nota no es la captura.
La verdadera nota es todo lo que, durante años, se permitió mirar hacia otro lado.
Redacción Reportaje Veracruzano
