Del volante al delito: cae taxista de Coatzacoalcos acusado de secuestro exprés contra usuarios
Redacción | Coatzacoalcos, Veracruz
La sensación de inseguridad en el transporte público de Coatzacoalcos volvió a encender las alertas este viernes, luego de que autoridades estatales confirmaran la detención de un taxista por su presunta participación en secuestros exprés, un delito que golpea directamente a la ciudadanía más vulnerable.
Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSYE) capturaron a Carlos “N”, trabajador del volante y ex agente de Tránsito Municipal, señalado como presunto responsable de privar momentáneamente de la libertad a pasajeros para despojarlos de dinero y pertenencias.
De acuerdo con la investigación, el imputado habría operado bajo un esquema reiterado: abordar a las víctimas en un taxi con colores oficiales, generar confianza y, con la ayuda de un cómplice oculto en la parte trasera del vehículo, someterlas durante el trayecto. Además del robo de efectivo y objetos personales, las tarjetas bancarias de las víctimas eran utilizadas para realizar retiros en distintos cajeros automáticos de la ciudad.
Uno de los casos que detonó la investigación ocurrió a principios de diciembre, cuando una persona adulta mayor abordó un taxi tipo Tsuru y ocupó el asiento del copiloto. Durante el trayecto, la víctima fue amagada y retenida contra su voluntad mientras era despojada de dinero, documentos y tarjetas, en un acto que hoy es clasificado como secuestro exprés.
Tras la denuncia formal, fiscales especializados integraron la carpeta de investigación y reunieron datos de prueba considerados contundentes, lo que permitió al Fiscal Especializado judicializar el caso. Posteriormente, un juez del Juzgado de Proceso Penal Oral de Coatzacoalcos otorgó la orden de aprehensión correspondiente.
La captura se llevó a cabo en la colonia Guadalupana, donde Carlos “N” fue localizado y detenido sin que se reportaran incidentes. El imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial dentro del cuadernillo de orden de aprehensión 706/2025, iniciándose el término constitucional para definir su situación jurídica.
Las autoridades señalaron que no se descarta su posible vinculación con otros hechos similares, por lo que las investigaciones continúan abiertas y se mantiene el llamado a posibles víctimas para que denuncien.
El caso vuelve a colocar bajo la lupa la confianza en el transporte público, especialmente cuando quienes deberían garantizar movilidad segura terminan señalados por convertir el servicio en un instrumento del delito.
