Delegado de la SSP en Veracruz, Luis Alberto Sánchez Santiago “El Azteca”, señalado por presunta orden de aprehensión por desaparición forzada
Huatusco, Ver.— Un señalamiento de alto impacto comenzó a circular en las últimas horas en medios digitales regionales, tras difundirse que Luis Alberto Sánchez Santiago, conocido en el ámbito policial como “El Azteca” y actual delegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Veracruz, presuntamente cuenta con una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de dos menores en el municipio de Huatusco.
La información, compartida por una plataforma local de noticias, ha encendido las alarmas entre ciudadanos y activistas, ya que el caso involucra uno de los delitos más graves contemplados por la legislación mexicana. Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial de la SSP, la FGE o alguna autoridad estatal que confirme o desmienta la versión, el señalamiento ya detonó un profundo debate sobre el funcionamiento interno de las corporaciones de seguridad y los mecanismos de control de confianza.
Un señalamiento que sacude a la SSP
Según la publicación original, Sánchez Santiago —quien actualmente opera bajo el cargo de delegado regional— habría sido vinculado con la desaparición forzada de dos menores en Huatusco, caso que presuntamente derivó en la emisión de una orden de aprehensión. La denuncia pública plantea interrogantes graves:
- ¿Cómo es posible que un mando policial permanezca activo teniendo un señalamiento de tal magnitud?
- ¿Qué procesos de vigilancia y revisión interna fallaron?
- ¿Existe encubrimiento dentro de las estructuras de seguridad?
Hasta el momento, ninguna institución estatal ha emitido una postura, lo que aumenta la presión pública para que se clarifique de inmediato la situación jurídica del funcionario.
Exigen transparencia
Colectivos de derechos humanos en la región han expresado preocupación ante la posibilidad —aunque aún no oficializada— de que un servidor público con responsabilidad operativa en tareas de seguridad tenga acusaciones pendientes relacionadas con delitos de lesa humanidad.
Activistas consideran indispensable que las autoridades aclaren si existe o no una orden judicial en su contra, y en caso afirmativo, expliquen cómo es que Sánchez Santiago continúa ocupando un cargo estratégico dentro de la SSP.
Un caso que podría escalar
Si las acusaciones se confirman, el caso pondría bajo fuerte escrutinio a la Secretaría de Seguridad Pública, especialmente en un estado donde los antecedentes de abuso policial, desapariciones forzadas y colusión criminal han marcado la agenda pública durante más de una década.
Por ahora, el señalamiento se encuentra en la esfera mediática y social, pero su relevancia obliga a una respuesta institucional inmediata. La sociedad veracruzana espera claridad, legalidad y un mensaje contundente contra la impunidad dentro de las corporaciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
Redacción Reportaje Veracruzano
