EJECUCIÓN POLÍTICA EN PLENA CALLE: SILENCIO, IMPUNIDAD Y BALAS APAGAN LA VIDA DE JAVIER MARTÍNEZ MOTA
Misantla vuelve a sangrar, ahora fuera de Veracruz.
La violencia volvió a imponer su ley, esta vez lejos de Misantla, pero con un nombre que sacude la memoria política del municipio. Javier Martínez Mota, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Misantla en 2021, fue asesinado a balazos en el municipio de San Miguel Ejutla, Oaxaca, donde había fijado su residencia en los últimos años.
El crimen ocurrió a plena luz del día y en una zona urbana: calle Hidalgo esquina con Porfirio Díaz, en el centro de San Miguel Ejutla, a escasos metros del Jardín de Niños “Adalberto Medina Canseco”. Un lugar donde debería imperar la cotidianidad, no la muerte ejecutada con precisión.
De acuerdo con reportes locales, Martínez Mota, de 52 años, conducía una camioneta Ford Territory color blanco, placas TMP-622-B. Al estacionarse y descender de la unidad, fue atacado de manera directa por sujetos armados que se desplazaban en motocicleta. No hubo advertencias. No hubo oportunidad de escapar. Solo disparos certeros.
El cuerpo quedó tendido junto a su vehículo, con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Policías municipales acordonaron la escena, mientras la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizaba las diligencias correspondientes. Hasta ahora, como suele ocurrir, no hay detenidos ni explicaciones claras.
Martínez Mota, originario de Misantla, perdió la contienda electoral en 2021 y posteriormente se trasladó a Oaxaca, donde residía en la comunidad de Barranca Larga, municipio de Ejutla de Crespo. Ahí, lejos de los reflectores políticos, se dedicaba a la venta de carne de cerdo. No era un funcionario en activo. No ocupaba un cargo público. Aun así, fue ejecutado.
La pregunta es inevitable y brutal: ¿por qué lo mataron?
Las autoridades hablan de investigaciones en curso, de líneas que se siguen, de móviles por esclarecer. El discurso de siempre. Pero la realidad es que un exaspirante a un cargo público fue asesinado con el sello clásico del crimen organizado, en un país donde las balas callan más rápido que las instituciones responden.
Este asesinato no solo enluta a una familia; exhibe la fragilidad del Estado, la normalización de la violencia y la incapacidad —o desinterés— para garantizar que ni siquiera quienes se alejaron de la vida política puedan vivir sin miedo.
Hoy Javier Martínez Mota es una estadística más. Mañana, si la impunidad continúa, será solo un nombre olvidado en el archivo de crímenes sin resolver. Y esa, quizá, es la condena más grave.
Redacción Reportaje Veracruzano
