Fiscalía de Orizaba bajo sospecha: la justicia que retiene a una niña con discapacidad y revictimiza a su familia
Orizaba, Veracruz. — Lo que debería ser un proceso guiado por el interés superior de la niñez hoy se ha convertido en un laberinto de omisiones, silencios administrativos y presuntas contradicciones institucionales. La Fiscalía Cuarta Especializada con sede en Orizaba enfrenta señalamientos graves por una posible dilación injustificada en la reintegración de una menor de ocho años con discapacidad a su familia, pese a que —según los denunciantes— todos los requisitos legales, psicológicos y socioeconómicos ya fueron plenamente cumplidos.
La denuncia pública fue realizada por la abuela materna de la menor, Minerva Isabel Arenas Cruz, quien expuso el caso a través de videos difundidos en redes sociales, evidenciando lo que considera una actuación negligente y carente de sensibilidad por parte de la autoridad ministerial. La niña, presunta víctima de violación y sometida ya a dos intervenciones quirúrgicas, permanece bajo resguardo institucional sin que exista, hasta ahora, una resolución clara que permita su retorno al núcleo familiar.
El expediente se encuentra radicado bajo la carpeta de investigación ORZ/DXV/FEMUJ/F4/1475/2025, sin que la Fiscalía haya definido de manera definitiva la situación jurídica de la menor ni emitido un acuerdo formal sobre su restitución. De acuerdo con la familia, el personal de la Fiscalía Regional del XV Distrito les informó que la fiscal responsable se encontraba de vacaciones, argumento con el cual se justificaría la postergación del caso hasta los días 7 u 8 de enero.
Sin embargo, esta versión se tambalea ante un hecho que incrementa la desconfianza: los propios familiares aseguran haber visto a la funcionaria laborando de manera regular en la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Orizaba, lo que abre la puerta a una pregunta incómoda pero inevitable:
¿se trata de una ausencia real o de un pretexto burocrático para no resolver el caso?
Actualmente, la menor permanece en el albergue Casa Hogar Córdoba, A.C., donde se le practicaron evaluaciones psicológicas y un estudio socioeconómico. Según la familia, los dictámenes oficiales concluyen que la abuela materna es plenamente apta para asumir su cuidado, protección y custodia, en un domicilio ubicado en la comunidad de La Cuchilla, municipio de La Perla, solicitud formalizada bajo el registro V-1640/2025, con identidad reservada por ley.
Pese a ello, la Fiscalía Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas no ha autorizado la reintegración, prolongando una separación que, según especialistas y organismos de derechos humanos, puede constituir una forma de revictimización institucional, especialmente tratándose de una menor con discapacidad.
Ante el silencio oficial y la ausencia de respuestas claras, la familia decidió recurrir a la presión social, denunciando públicamente lo que consideran una violación al principio del interés superior de la niñez, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México.
Hoy, la pregunta no es solo cuándo regresará la menor con su familia.
La pregunta de fondo es más profunda y perturbadora:
¿quién vigila a las fiscalías cuando la justicia se congela, los expedientes se empolvan y las víctimas infantiles siguen esperando?
El caso expone, una vez más, la urgente necesidad de revisar las prácticas internas de las fiscalías especializadas y de recordar que la protección de la niñez no admite vacaciones, pretextos ni dilaciones.
Redacción Reportaje Veracruzano
