INFORMAR NO ES TERRORISMO: EL ESTADO QUE ACUSA, EL JUEZ QUE FIRMA Y EL PERIODISTA QUE PAGÓ EL PRECIO
Cuando la ley se convierte en garrote, la libertad de expresión es la primera víctima
Coatzacoalcos, Veracruz.— La escena es brutal y profundamente reveladora: mientras desde Palacio Nacional se insiste en que en México no existe terrorismo, en Veracruz un juez lo “descubre” súbitamente… y lo encuentra en un periodista. No en un cártel. No en una célula armada. No en una red criminal. En un reportero.
¿Quién miente?
¿La presidenta Claudia Sheinbaum, que niega la existencia de terrorismo en el país, o el juez veracruzano José G. Nucamendi, que lo invoca selectivamente para encarcelar a un comunicador incómodo?
La detención de Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, no es un error judicial: es un mensaje político. Un mensaje de miedo. Un aviso directo desde el poder a todo aquel que se atreva a documentar la realidad que estorba.
El nuevo nombre del viejo delito
“Terrorismo”, “daños contra las instituciones de seguridad pública”, “encubrimiento por favorecimiento”. Tres imputaciones tan graves como endebles, tan espectaculares como inverosímiles. Tres figuras jurídicas que, en los hechos, operan como el nuevo disfraz del ya derogado delito de ultrajes a la autoridad, esa herramienta infame que durante el sexenio de Cuitláhuac García sirvió para encarcelar críticos, activistas y opositores.
Hoy, bajo una nueva administración, el método no desapareció: mutó
Acusar de terrorismo a un periodista que transmite en vivo, que documenta cada cobertura y que no oculta información, no resiste el más mínimo análisis jurídico.
No hay atentados. No hay células. No hay armas. No hay estructura criminal. Lo que sí hay es un reportero exponiendo abusos policiacos, prepotencias y corrupción.
Y eso, al parecer, se castiga.
El contexto que no se puede borrar
Lafita León no fue detenido en igualdad de condiciones. Es un civil desarmado frente a corporaciones armadas. Un periodista vulnerable frente a policías con poder, fuero y protección institucional. No es la primera vez que paga el costo de informar:
— En 2020, su vehículo fue atacado con ácido. No hubo detenidos.
— En 2021, fue brutalmente golpeado por policías durante una cobertura. Ningún elemento fue cesado.
— Hoy, en 2025, es encarcelado bajo cargos extremos.
¿Aún hay quien dude que esto es un ataque directo a su profesión?
El juez, la Fiscalía y el silencio incómodo
La orden de aprehensión fue ejecutada como si se tratara de un criminal de alta peligrosidad, con operativo conjunto y despliegue de fuerzas. El simbolismo es escalofriante: convertir al periodista en enemigo interno.
El nombre del juez que avala esta narrativa —José G. Nucamendi— ya circula con una etiqueta peligrosa: un juzgador señalado por convertirse en amenaza para la libertad de expresión. Porque cuando un juez avala acusaciones absurdas, deja de ser árbitro y se vuelve parte del problema.
La pregunta inevitable cae sobre la nueva administración estatal:
¿Este es el sello del gobierno de Rocío Nahle?
¿Esta es la justicia de la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre?
Si el inicio del sexenio se caracteriza por criminalizar periodistas, el mensaje es inequívoco: la tolerancia a la crítica es mínima y el costo de incomodar será máximo.
El patrón que se repite
Esto no es un caso aislado. Veracruz ya vio este guion en Las Choapas, cuando activistas anticorrupción fueron perseguidos con delitos fabricados. Hoy el blanco es la prensa. Mañana puede ser cualquiera.
Organizaciones y gremios periodísticos lo han advertido: criminalizar la cobertura de nota roja, de violencia y de fallas institucionales viola estándares nacionales e internacionales. Pero parece que algunas fiscalías confunden justicia con venganza y legalidad con censura.
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria:
¿Se combate el delito o se silencian mensajeros?
¿Se quiere una prensa crítica o boletines obedientes?
El verdadero terrorismo
Encarcelar periodistas no reduce la violencia.
Callar la prensa no limpia la corrupción.
Usar al Estado para intimidar no fortalece al gobierno: lo desnuda.
El verdadero terrorismo no es informar.
El verdadero terror es un país a oscuras, con jueces dóciles, fiscalías sumisas y periodistas encarcelados por hacer su trabajo.
Hoy es Lafita León.
Mañana puede ser cualquiera.
Y cuando el silencio se impone por la fuerza, ya no hablamos de justicia.
Hablamos de miedo institucionalizado.
Reportaje Veracruzano
Porque informar no es un delito. Delito es querer borrar la verdad.
Redacción Reportaje Veracruzano
