MIENTRAS EL PATRIMONIO SE REMATA, EL PODER SE LAVA LAS MANOS: LA DIPUTADA QUE “NO SABE”, PERO SÍ CALLA
Zongolica / Mixtla de Altamirano, Ver.— En Veracruz, cuando el patrimonio público se pone en subasta, la respuesta política suele ser la misma: deslinde, evasión y amnesia selectiva. Así quedó demostrado tras las declaraciones de la diputada local por el distrito de Zongolica, Dulce María Hernández Tepole, quien optó por sacudirse cualquier responsabilidad en la presunta venta irregular de vehículos oficiales del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano con un argumento tan cómodo como inquietante: “no es mi comisión”.
La frase, pronunciada con ligereza, no solo encendió la polémica: la profundizó. Porque no hablamos de un trámite menor, sino de la posible enajenación irregular de bienes públicos en uno de los municipios con mayor rezago social del estado. Y porque la diputada no es una ciudadana ajena al tema: es representante popular, integrante de la Comisión de Hacienda del Estado y testigo directa de un informe a puerta cerrada rendido por la alcaldesa en funciones.
La ignorancia como coartada política
Hernández Tepole aseguró desconocer el fondo del caso, pese a que públicamente admitió haber “escuchado” señalamientos que la involucran. Su defensa se sostuvo en una línea frágil: no formar parte de la comisión específica que autorizó la subasta.
Pero el argumento se derrumba solo. La Constitución no limita la responsabilidad de un diputado a una sola comisión, y menos cuando existen indicios de un posible daño al erario municipal. Desde cualquier curul —y más aún desde la Comisión de Hacienda del Estado— un legislador puede promover exhortos, puntos de acuerdo o solicitudes formales de investigación.
No hacerlo, cuando hay denuncias públicas, cifras escandalosas y presión social, no es neutralidad: es omisión.
Vehículos públicos, precios irrisorios y silencio legislativo
El origen del conflicto es claro. El Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, presidida por el diputado Paul Martínez Marié, autorizó la subasta de al menos 13 vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, en la recta final de la administración municipal.
La autorización detonó la inconformidad social cuando se denunciaron casos como el de una camioneta Ford Ranger Raptor, adquirida por más de un millón de pesos y presuntamente rematada por alrededor de 60 mil pesos. Para la alcaldesa electa, Celia García Rodríguez, el acto no solo es sospechoso, sino devastador: dejaría al municipio prácticamente sin capacidad operativa.
Cuando el Congreso reacciona… tarde
Ante la presión ciudadana, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció que el Congreso citará a la alcaldesa en funciones, Norma Estela Hernández Sánchez, para que explique el procedimiento de baja y venta de las unidades.
La edil, por su parte, se defiende: asegura que los vehículos eran inservibles, que todo se hizo conforme a la ley y que el ayuntamiento conserva 14 unidades operativas para servicios básicos y traslados médicos.
Sin embargo, el debate ya rebasó la versión oficial.
Existen denuncias ciudadanas ante el Orfis, y la exigencia es clara: una investigación exhaustiva que determine si hubo o no daño al patrimonio municipal.
La pregunta incómoda
En medio de todo, queda una pregunta que nadie en el poder quiere responder con claridad:
¿Puede una diputada decir “no es mi comisión” cuando los bienes públicos de su distrito están en el centro de un posible remate irregular?
El silencio, el deslinde y la evasión no absuelven. En política, no saber también es una forma de fallar, y mirar hacia otro lado cuando el patrimonio de los más pobres se diluye en subastas apresuradas es una
decisión política en sí misma.
Mixtla espera respuestas.
Y Veracruz empieza a notar quiénes las dan… y quiénes prefieren esconderse detrás del reglamento.
Redacción Reportaje Veracruzano
