Morir esperando justicia: madre con cáncer enfrenta al Estado por la muerte de su hijo en Las Choapas
Las Choapas, Ver.— El tiempo se le acaba, pero la exigencia sigue intacta. Con un diagnóstico médico devastador y apenas semanas —o meses— de vida por delante, Rosa Isela Bartolo Román no pide compasión: pide justicia. Justicia por Abel García Bartolo, su hijo de 26 años, muerto en enero pasado durante un operativo policial que, lejos de esclarecerse, se ha hundido en la dilación y la sospecha.
En el fraccionamiento Los Pinos, tras una riña familiar, Abel recibió un disparo que le quitó la vida. La versión oficial habla de un “accidente”. La madre lo desmiente con la voz quebrada pero firme: “Mi hijo fue golpeado y después le dispararon. Cayó herido frente a mí”. No es una discrepancia menor: es la diferencia entre un error y una ejecución injustificada.
Rosa Isela padece cáncer avanzado y epilepsia. Los tratamientos ya no son curativos, solo paliativos, y la familia ha tenido que suspenderlos por falta de recursos. Aun así, su mayor urgencia no es médica: es legal. Quiere ver al responsable ante un juez antes de morir.
A casi un año de los hechos, la carpeta avanza a paso de tortuga. La familia denuncia audiencias aplazadas, ausencia de jueces, inercias procesales y una Fiscalía que no ofrece respuestas claras. El presunto responsable, Juan Carlos “N”, elemento de la Policía Estatal, no está en prisión: enfrenta el proceso bajo arraigo domiciliario, una condición que profundiza la percepción de trato preferencial cuando el acusado porta uniforme.
Acompañada por su esposo, Gabriel García del Valle, la madre ha tocado todas las puertas posibles. Hoy dirige un llamado directo a la gobernadora Rocío Nahle y a la presidenta Claudia Sheinbaum: intervención, transparencia y ley. No para acelerar indebidamente un juicio, sino para romper la inercia de la impunidad cuando los hechos involucran a agentes del Estado.
“No queremos más impunidad. Ella no puede morir sin ver que se haga justicia por su hijo”, resume el padre.
El caso empieza a resonar entre colectivos ciudadanos y organizaciones sociales del sur de Veracruz, que advierten un patrón preocupante: cuando el acusado es policía, la justicia se vuelve lenta. La historia de Abel no es solo una tragedia familiar; es una prueba para las instituciones. Y el reloj corre.
Si el Estado no responde ahora, la deuda no será solo con una madre moribunda, sino con la confianza pública que dice proteger.
Redacción Reportaje Veracruzano
