“No habrá fobias ni impunidad”: Jiménez Aguirre promete justicia sin tintes políticos, pero bajo coordinación con el Ejecutivo
Xalapa, Ver.— En su primer mensaje tras rendir protesta como fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre salió al paso de las advertencias lanzadas desde la oposición y marcó postura: en Veracruz no habrá “cacería de brujas”, pero tampoco perdón para quien haya infringido la ley. Justicia sin fobias, dijo, aunque con coordinación institucional.
La nueva titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció de entrada el tamaño del problema que recibe: rezago severo, órdenes de aprehensión sin ejecutar, audiencias detenidas y cientos de personas en procesos interminables sin una resolución jurídica. Poner al día la justicia, sostuvo, será su prioridad inmediata.
“No se trata de investigar por consigna ni con fines políticos, pero eso tampoco significa impunidad”, afirmó con énfasis. La advertencia fue clara: quien incumpla la ley tendrá que asumir responsabilidades, sin importar nombres o antecedentes públicos.
Jiménez Aguirre subrayó que los delitos graves deberán atenderse con urgencia y que el nuevo sistema penal exige salidas alternas y terminaciones anticipadas, no expedientes empolvados ni víctimas condenadas al olvido institucional. Aseguró que la justicia no se puede seguir administrando con lentitud, porque el daño social se multiplica.
Al ser cuestionada sobre casos emblemáticos —como el proceso contra el exgobernador Javier Duarte por desaparición forzada— la fiscal fue tajante: la procuración de justicia no se moverá por agendas políticas. “La justicia no tiene partido”, sostuvo, insistiendo en que los expedientes se resolverán conforme a derecho y no a coyunturas.
Uno de los ejes que destacó fue la relación con los colectivos y grupos vulnerables. Afirmó que su gestión será de puertas abiertas y recordó que, como presidenta del Poder Judicial, mantuvo contacto directo con colectivos de búsqueda, víctimas de feminicidio, personas de la diversidad y casos de violencia vicaria. “Traigo una agenda clara porque conozco estas demandas”, aseguró.
Sobre un punto que ha generado mayor polémica, Jiménez Aguirre defendió la autonomía constitucional de la Fiscalía, aunque reconoció que la coordinación con el Poder Ejecutivo es indispensable. En ese contexto, respaldó a la gobernadora Rocío Nahle García, a quien describió como “respetuosa de la autonomía”, pero subrayó que sin trabajo conjunto entre instituciones no es posible garantizar justicia efectiva.
También dejó abierta la puerta a la evaluación pública de su desempeño. Recordó que su nombramiento es por cuatro años, aunque solicitó licencia por uno de su cargo como magistrada, y adelantó que comparecerá y rendirá cuentas cuando sea requerida. “El trabajo del servidor público siempre es evaluable”, sostuvo.
Finalmente, en respuesta a los señalamientos sobre el examen de Control y Confianza, afirmó que lo realizará cuando corresponda conforme a la ley, dejando entrever que las críticas en su contra parten de desinformación.
La designación de Jiménez Aguirre no estuvo exenta de tensión política. Con 40 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el Congreso del Estado avaló la propuesta de la gobernadora con el respaldo de Morena, el Partido Verde y un voto de Movimiento Ciudadano. La oposición del PAN y el PRI fijó su desacuerdo, mientras que algunos legisladores optaron por la abstención.
Con la protesta rendida y el cargo asumido, el mensaje de la nueva fiscal es contundente: no promete persecuciones, pero tampoco tolerancia. El reto ahora no está en el discurso, sino en demostrar que la autonomía, la coordinación y la justicia pueden coexistir sin convertirse en instrumentos del poder.
Redacción Reportaje Veracruzano
