Orizaba: el asesinato de un guardia desnuda el lado oscuro de la seguridad privada
Orizaba, Ver.— El hallazgo del cuerpo sin vida de Eduardo Rojas Trejo, flotando en las aguas turbias del canal Virita, no sólo reveló un crimen brutal: también expuso la fragilidad del sistema de seguridad privada que opera en la región de las Altas Montañas. Eduardo no era un desconocido. Era guardia de la empresa Ari México, reconocida por proveer personal a industrias del corredor Orizaba–Ixtaczoquitlán y presidida por Arturo Lino Prado, actual vicepresidente de Seguridad en la Cámara de Comercio local.
El cadáver fue localizado en la colonia Cidosa con marcas evidentes de violencia, una escena que desde el primer momento apuntó a un ataque directo, planeado y ejecutado con contundencia.
Según los primeros datos recabados por autoridades, Eduardo se encontraba asignado a la vigilancia de una bodega de la empresa Rovianda, ubicada dentro del Parque Industrial del Valle de Orizaba. Ahí habría sido sorprendido por un grupo de hombres que, según testimonios preliminares, lo sacaron por la fuerza, lo privaron de su libertad y posteriormente lo golpearon hasta arrebatarle la vida, para finalmente arrojar su cuerpo al canal de aguas negras.
El homicidio deja al descubierto una realidad incómoda: los guardias privados trabajan en condiciones vulnerables, muchas veces sin respaldo operativo real, enfrentando riesgos que superan por mucho las funciones que se les asignan. Y cuando el crimen alcanza a uno de ellos, las empresas suelen guardar silencio, mientras sus empleados se convierten en blanco fácil.
Por ahora, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no existen líneas de investigación oficiales ni se ha revelado un posible móvil. Tampoco se ha informado si la empresa para la que laboraba colaborará o no en el esclarecimiento del caso.
Mientras la autoridad guarda prudencia, en Orizaba la pregunta inquieta se repite:
¿Eduardo fue víctima de delincuentes oportunistas, de un ataque dirigido o de intereses que se mueven dentro del propio circuito industrial?
La ciudad espera respuestas. Y justicia.
