
Xalapa, Ver.- La incertidumbre postelectoral en al menos cuatro municipios de Veracruz tiene fecha de caducidad. La magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Eva Barrientos Zepeda, confirmó que esta o la próxima semana quedarán resueltos los últimos expedientes pendientes relacionados con las elecciones municipales de Teocelo, Altotonga, Jáltipan y Tecolutla, así como diversos casos de asignación de regidurías.
La magistrada explicó que los asuntos ya se encuentran en análisis avanzado y que la Sala Regional se toma el tiempo necesario para emitir resoluciones sólidas, conscientes de que sus fallos aún pueden ser impugnados ante la Sala Superior, lo que obliga a un desahogo escrupuloso y jurídicamente blindado.
“Ya estamos por resolverlos. Son cuatro asuntos que vienen del Tribunal Electoral de Veracruz, y posteriormente seguiremos con los temas de regidurías de diversos estados”, señaló.
Veracruz, estado “de avanzada”, pero con litigios vivos
Barrientos Zepeda recordó que Veracruz cuenta con criterios electorales más avanzados que otras entidades, como la presunción de determinancia cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 5 por ciento, lo que abre la puerta a revisiones de fondo en los resultados.
No obstante, aclaró que no todos los intentos de anulación pueden encuadrarse automáticamente como Violencia Política en Razón de Género, pues cada caso debe analizarse de manera individual, con base en las pruebas aportadas y la naturaleza concreta de los actos denunciados.
Violencia política: el problema no es la ley, es la denuncia
Uno de los puntos más críticos abordados por la magistrada fue el bajo número de denuncias sancionatorias, particularmente en el ámbito del Procedimiento Especial Sancionador (PES), la vía diseñada no solo para restituir derechos, sino para castigar a los agresores.
“Nos llegan muchos juicios ciudadanos para restituir derechos, pero pocos para sancionar. A las mujeres que se sientan violentadas, les diría que denuncien mediante el Procedimiento Especial Sancionador”, subrayó.
Recordó que la violencia política contra las mujeres también es un delito, por lo que puede coexistir la vía electoral con la penal, aunque el PES sigue siendo una herramienta poco utilizada.
Redes sociales: del anonimato a la sanción
Sobre la violencia ejercida desde perfiles falsos en redes sociales, práctica común en procesos electorales, Eva Barrientos fue clara: sí hay manera de llegar a los responsables.
La ruta es el Procedimiento Especial Sancionador, que permite requerir formalmente a las plataformas digitales la identidad de quienes están detrás de esos perfiles, desmontando el anonimato y posibilitando la imposición de sanciones.
El mensaje es contundente: la impunidad digital no es inevitable, pero requiere denuncia formal y seguimiento jurídico.
Mientras los municipios esperan la resolución final que defina su estabilidad política, la Sala Regional Xalapa enfrenta no solo el cierre de expedientes electorales, sino un desafío mayor: convertir las leyes contra la violencia política en instrumentos vivos, no en letra muerta por falta de denuncias.
Redacción Reportaje Veracruzano



