Tamiahua, en punto muerto político: el TEPJF tumba la elección y frena la toma de protesta
Tamiahua amaneció con un golpe seco a su ya frágil estabilidad política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, por unanimidad, anular la elección municipal del pasado 1 de junio, al acreditar el rebase del tope de gastos de campaña por parte del Partido Verde, fuerza política que había llevado al triunfo a Citlali Medellín.
La resolución no deja margen a interpretaciones ni a discursos triunfalistas: la elección quedó sin efectos legales y, en consecuencia, se cancela la toma de protesta programada para este 31 de diciembre de 2025. Tamiahua no tendrá cambio de gobierno por la vía ordinaria; tendrá, en cambio, un interregno político forzado por la ilegalidad electoral.
El castigo no es menor
El fallo del TEPJF no solo invalida votos, invalida prácticas. El rebase de gastos no es una falta administrativa menor: es una violación directa al principio de equidad en la contienda. En términos simples, el tribunal concluyó que la elección no fue pareja, ni justa, ni legal.
Ahora, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) deberá convocar a una elección extraordinaria, mientras que el municipio quedará bajo la administración de un Concejo Municipal, figura que evidencia el vacío político y la crisis institucional que deja este proceso fallido.
Un reacomodo político paralelo
En medio del terremoto electoral, Citlali Medellín no queda políticamente fuera del tablero. Su condición de diputada local suplente le permite asumir una curul en el Congreso del Estado, luego de que Daniel Cortina, diputado propietario, solicitara licencia para rendir protesta como presidente municipal de Tuxpan.
Es decir: mientras Tamiahua queda sin alcaldesa electa y sin gobierno constitucional, en el ámbito legislativo se abre una puerta para quien perdió la elección en tribunales, no en las urnas.
Tamiahua paga los excesos
El mensaje es contundente y debería retumbar más allá de este municipio costero: cuando se juega con dinero ilegal, se pierde el poder. Hoy Tamiahua entra en una etapa de incertidumbre política y administrativa no por decisión ciudadana, sino por la irresponsabilidad de quienes no respetaron las reglas del proceso electoral.
La pregunta que queda en el aire es incómoda, pero inevitable:
¿Quién responde ante la ciudadanía por este retroceso democrático y por el costo político y social de una elección tirada a la basura?
Tamiahua tendrá que volver a votar. Pero antes, alguien tendrá que explicar por qué se creyó que el dinero podía estar por encima de la ley.
Redacción Reportaje Veracruzano
