Vales, poder y silencios incómodos: cuando el Gobierno blinda a Chedraui y esquiva las preguntas de fondo
Xalapa, Ver.— La defensa fue cerrada, enfática y sin matices. Para la gobernadora Rocío Nahle García, la empresa Chedraui no solo es “seria”, sino intachable. Así lo reiteró al justificar el convenio mediante el cual el Gobierno de Veracruz pretendió pagar con vales de despensa el bono de fin de año a trabajadores de la Secretaría de Salud, una prestación que por más de dos décadas se entregó en efectivo.
Pero mientras el discurso oficial se esfuerza en blindar la reputación empresarial, las preguntas incómodas siguen sin respuesta clara: ¿por qué modificar una práctica histórica?, ¿por qué restringir inicialmente el acceso al dinero en efectivo?, ¿por qué el trabajador debía consumir en tiendas específicas y bajo condiciones previamente impuestas?, ¿y quién tomó realmente esa decisión?
Nahle sostuvo que fue el propio Gobierno estatal quien solicitó el “apoyo” de Chedraui, subrayando su presencia en todo el territorio veracruzano y su supuesto apego irrestricto a la legalidad. “Es una empresa que no se presta a ningún tema”, afirmó, visiblemente molesta por los señalamientos públicos que —según dijo— suelen pasar de largo, pero que en esta ocasión decidió enfrentar por tratarse de “un tema del Gobierno”.
Sin embargo, el debate no gira únicamente en torno a la honorabilidad de una empresa privada, sino al modelo de relación entre el poder público y los proveedores, y sobre todo, al impacto directo que estas decisiones tienen en miles de trabajadores del sector Salud. La inconformidad no surgió de la nada: detonó cuando las tarjetas entregadas no permitían retirar efectivo, obligando a consumir en comercios determinados y en un plazo limitado, una práctica que muchos calificaron como regresiva y lesiva.
Las críticas alcanzaron incluso al interior del propio movimiento político gobernante. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara fue directo al señalar que el esquema podía configurar un acto de corrupción, al limitar la libre disposición del recurso y beneficiar a una empresa específica. Un señalamiento que, lejos de ser desmentido con datos técnicos o documentos públicos, fue respondido con calificativos y llamados a la “seriedad” empresarial.
La gobernadora calificó de “injustos” los señalamientos tanto hacia su administración como hacia Chedraui, y cerró el episodio con una frase que sonó más a resignación que a rendición de cuentas: “De todo se aprende”. No obstante, el aprendizaje institucional sigue pendiente si no se transparentan los términos del convenio, el proceso de selección y las razones reales del cambio de esquema.
El anuncio posterior de que este lunes se “atenderá el problema” y se permitirá el acceso al efectivo no borra la pregunta central: ¿por qué fue necesario el enojo y la protesta de los trabajadores para corregir una decisión que nunca debió imponerse?
En Veracruz, el asunto ya trascendió los vales. Hoy el debate es sobre formas de gobernar, sobre la tentación de cerrar filas antes de explicar, y sobre un poder político que, cuando se le cuestiona, prefiere picar la cresta como gallo de pelea antes que abrir el corral de la transparencia.
Redacción Reportaje Veracruzano
