VERACRUZ CASTIGA LA PALABRA: CUANDO LA FISCALÍA ABSUELVE EL “TERRORISMO” PERO CONDENA AL PERIODISMO
Prisión domiciliaria sin barrotes, censura sin decreto y un mensaje inequívoco al gremio: en Veracruz, informar se paga caro
La Fiscalía General del Estado de Veracruz salió a conferencia a presumir “legalidad”, “objetividad” y “respeto a la libertad de expresión”. El problema es que, al mismo tiempo, confirmó un hecho imposible de maquillar: el periodista Rafael León Segovia, “Lafita León”, fue formalmente encadenado a su casa por un año. Sin terrorismo —porque ese delito tuvo que caerse—, pero con medidas tan desproporcionadas que el castigo resulta idéntico: silenciarlo.
La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre informó que Rafael “N” fue vinculado a proceso por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, imponiéndole resguardo domiciliario durante doce meses, con restricciones absurdas: no podrá salir del estado, deberá presentarse semanalmente ante la autoridad y, en los hechos, no puede caminar más de unos pasos fuera de su vivienda. Reportear, ejercer el periodismo en la calle, contrastar fuentes: prohibido.
¿Esto es respeto a la libertad de expresión?
¿O es una sanción ejemplar para que los demás entiendan el mensaje?
EL DELITO QUE SE CAYÓ… Y EL CASTIGO QUE SE QUEDÓ
El dato clave que la Fiscalía intenta diluir entre tecnicismos jurídicos es brutal: el delito de terrorismo fue eliminado. No existía, no se sostuvo, no pasó el filtro legal. Tuvo que intervenir incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien cuestionó directamente a la gobernadora Rocío Nahle por la fabricación de una figura penal inexistente.
Sin embargo, lejos de corregir el exceso, el aparato judicial decidió mantener el castigo. Quitaron la palabra “terrorismo”, pero dejaron la mordaza. Cambiaron el nombre del delito, no la intención.
Porque nadie puede sostener con seriedad que un periodista bajo arresto domiciliario por un año no está siendo castigado por ejercer su oficio.
LEGALIDAD DE PAPEL, REPRESIÓN DE HECHO
La Fiscalía afirma actuar “con apego al principio de buena fe”, “al debido proceso” y “al tamiz jurisdiccional”. Pero los hechos contradicen el discurso:
No hay prisión, pero hay confinamiento.
No hay censura formal, pero hay imposibilidad material de trabajar.
No hay terrorismo, pero hay un castigo propio de criminales peligrosos.
Eso no es justicia. Eso es intimidación institucional.
Y la pregunta que flota —incómoda, inevitable— es:
¿Quién ordenó llegar tan lejos?
¿Quién es “tan pesado” como para que el Gobierno de Veracruz y su Fiscalía sostengan este montaje, aun después del manotazo desde Palacio Nacional?
EL MENSAJE AL GREMIO: “YA SABEN LO QUE LES PASA”
Este caso ya no es solo sobre Rafael León Segovia. Es un aviso al periodismo veracruzano:
si sigues investigando, si sigues exhibiendo, si sigues incomodando… esto te puede pasar.
No te meten a la cárcel, pero te quitan la calle.
No te callan con balas, pero te inmovilizan con expedientes.
No te censuran en papel, pero te amarran en casa.
La saña continúa, aunque la Fiscalía intente venderla como un trámite procesal más. Mantener a un reportero en arresto domiciliario durante un año no es una medida cautelar: es una pena anticipada.
Y en Veracruz, hoy queda claro, el periodismo sigue siendo tratado como un delito que hay que contener, no como un derecho que hay que proteger.
Redacción Reportaje Veracruzano
