VERACRUZ, LA HERIDA ABIERTA DEL ESTADO: LA CORTE IDH CONDENA A MÉXICO POR LA VIOLACIÓN, TORTURA Y MUERTE DE ERNESTINA ASCENCIO
Dieciocho años después, la verdad jurídica pulveriza la versión oficial y desnuda un crimen de Estado marcado por militarización, racismo e impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia histórica y demoledora: el Estado mexicano es responsable internacionalmente por la violación sexual, tortura, falta de atención médica y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, ocurrida en febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz. No fue un “malentendido”, no fue una “muerte natural”, no fue un “caso cerrado”: fue un crimen de Estado.
La resolución es clara y sin ambigüedades. Ernestina Ascencio fue violada por elementos del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, en un contexto de militarización derivado de la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” impulsada desde 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Un campamento militar había sido instalado un día antes a escasos metros de su vivienda en la comunidad de Tetlalzinga, municipio de Soledad Atzompa.
La Corte determinó que la agresión sexual constituyó tortura, por ser un acto intencional que provocó sufrimientos físicos y mentales severos, cometido con fines de intimidación, humillación y control. Ernestina no solo fue atacada: fue quebrantada por agentes armados del propio Estado.
Pero la violencia no terminó ahí.
Durante más de 10 horas, sus familiares la trasladaron desesperadamente en busca de atención médica. Ernestina, anciana, indígena y monolingüe, agonizó sin ser atendida de manera oportuna hasta que finalmente fue recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, donde murió a las 6:30 de la mañana del 26 de febrero de 2007, antes de poder ser intervenida quirúrgicamente. El hospital no contaba con intérpretes de náhuatl, una omisión que la Corte calificó como violación directa a su derecho a la salud en condiciones de accesibilidad, disponibilidad y calidad.
La sentencia va más allá del crimen físico: destruye la farsa institucional que se montó después. La investigación ministerial fue deficiente, parcial y contaminada por estereotipos de género, edad y etnicidad. No se aplicó un enfoque de debida diligencia reforzada, indispensable en casos de violencia sexual contra mujeres, y menos aún cuando se trata de una mujer indígena mayor en un entorno militarizado.
La Corte fue contundente:
la investigación fue cerrada prematuramente, no agotó líneas básicas, excluyó a la familia, ignoró peritajes clave y se sostuvo en prejuicios que fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, generando un ambiente de descrédito y negación hacia la víctima y sus hijos.
El mensaje es devastador para el Estado mexicano: hubo impunidad deliberada.
Reparaciones: justicia tardía, pero obligatoria
Como parte de la sentencia, la Corte IDH ordenó una serie de medidas de reparación integral, entre ellas:
- Reabrir e impulsar una investigación penal seria y exhaustiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables.
- Atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares.
- Becas educativas para hijas e hijos de Ernestina Ascencio.
- Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Capacitación obligatoria a funcionarios públicos.
- Fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa.
- Crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
- Garantizar intérpretes en el Hospital Regional de Río Blanco y en la Fiscalía General de Veracruz.
- Pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como reintegro de costos legales.
El Estado mexicano tiene un año para informar a la Corte sobre el cumplimiento de estas medidas. El tribunal vigilará estrictamente la ejecución de la sentencia.
Un caso que retrata al México profundo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentó el caso ante la Corte en junio de 2023, fue clara: este expediente revela un patrón estructural de violencia estatal, discriminación contra mujeres indígenas y encubrimiento institucional en contextos de militarización.
Ernestina Ascencio Rosario no fue un daño colateral. Fue madre, abuela y pilar comunitario, violentada hasta la muerte por quienes juraron protegerla, y después silenciada por el aparato del poder.
Hoy, la Corte IDH rompe ese silencio.
Y deja una pregunta que sigue sin respuesta en Veracruz y en México entero:
¿quiénes dieron la orden, quiénes ejecutaron el crimen y quiénes lo encubrieron durante casi dos décadas?
La sentencia ya habló.
Ahora le toca al Estado responder.
Redacción Reportaje Veracruzano
