Acultzingo, Ver.— La carretera federal 150 Orizaba–Tehuacán volvió a quedar paralizada. Por segundo día consecutivo, habitantes de Acultzingo cerraron por completo la vía en una protesta que ya no solo bloquea el tránsito: exhibe una grieta profunda entre la autoridad y la comunidad.
El bloqueo, instalado a la altura de la Congregación de Sierra de Agua y extendido entre Aguaxinola y Tecamalucan, responde a una exigencia concreta: la liberación de Jaime Huerta Ramos y su hija, Edith Yamilet Huerta González, estudiante de Medicina, detenidos durante un operativo policiaco realizado por fuerzas federales y estatales.
Los manifestantes sostienen que la detención se ejecutó sin mostrar orden judicial ni explicar el delito imputado. Acusan que elementos de seguridad ingresaron al domicilio familiar y sacaron por la fuerza a padre e hija, quienes fueron trasladados a un sitio desconocido. Para la comunidad, no fue un procedimiento legal: fue un acto de abuso de autoridad.
Aunque el paso fue liberado la noche del martes, el cierre se reactivó desde las primeras horas de este miércoles. La advertencia es clara: el bloqueo seguirá de manera indefinida mientras la Fiscalía General del Estado no aclare la situación jurídica de los detenidos o proceda a su liberación.
En el terreno, las consecuencias se acumulan. Filas interminables de vehículos, transportistas varados, automovilistas atrapados y comunidades aisladas en una de las rutas más importantes que conecta Veracruz con Puebla. La región paga el costo de un conflicto que nadie desde el poder ha querido explicar.
Hasta ahora, ninguna autoridad federal ni estatal ha emitido un posicionamiento público. No hay versión oficial del operativo, no hay informe sobre las detenciones y no hay respuesta para una comunidad que decidió hacerse escuchar cerrando la carretera.
En Acultzingo, el mensaje es directo: mientras la autoridad guarda silencio, el camino seguirá cerrado. Y con él, la paciencia de la gente.
