Cae en Veracruz presunto feminicida de Astrid y su hijo; intentó ocultarse durante meses
Veracruz, Ver.— Eduardo Salvador “N” fue detenido en el estado de Veracruz como presunto responsable del feminicidio de Astrid Noemí Cruz, de 37 años, y del homicidio de su hijo adolescente de 16 años, crímenes que conmocionaron a Zapopan, Jalisco, en marzo pasado.
La captura fue confirmada por la vicefiscal para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y la Familia, Elizabeth Canales, quien detalló que el arresto se llevó a cabo en un centro comercial de la llamada zona dorada del puerto de Veracruz, tras una investigación exhaustiva y coordinada entre fiscalías estatales.
De acuerdo con la funcionaria, el caso implicó más de 100 diligencias ministeriales, la integración de siete tomos de investigación y el análisis de alrededor de mil 500 horas de videograbaciones, trabajo que permitió ubicar al presunto agresor, quien había logrado evadir a las autoridades durante varios meses.
Aunque en un inicio se manejó la posibilidad de que el sospechoso se hubiera trasladado al Estado de México o Sinaloa, el avance de las indagatorias permitió establecer que residía en Veracruz, donde incluso se realizaron incursiones previas para intentar localizarlo.
Elizabeth Canales reveló que Eduardo Salvador “N” utilizaba un nombre distinto y había modificado su apariencia física con el objetivo de pasar desapercibido. Además, se documentó que daba seguimiento constante a la cobertura mediática del caso y que contaba con conocimientos en tecnología, lo que le facilitó mantenerse oculto.
Tras su detención, el presunto feminicida fue trasladado a Guadalajara, Jalisco, donde arribó la noche del miércoles y quedó a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Actualmente se encuentra recluido en el reclusorio de Puente Grande, en espera de que se defina su situación jurídica.
Las autoridades subrayaron que la investigación continúa en curso y reiteraron que será el Poder Judicial quien determine su responsabilidad conforme al debido proceso. El caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de garantizar justicia pronta y efectiva para las víctimas de violencia feminicida y sus familias.
