Caída fulminante en la Fiscalía Sur: destituyen a funcionaria que intentó criminalizar al periodismo con cargos de “terrorismo”
Coatzacoalcos, Ver. — La Fiscalía General del Estado de Veracruz ejecutó una destitución que sacude al aparato ministerial: Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de la Zona Sur desde marzo de 2024, fue removida de su cargo tras un manejo altamente cuestionado, desproporcionado y peligroso de un caso que colocó al periodismo veracruzano en la mira del aparato penal más extremo del Estado.
De acuerdo con información obtenida de fuentes extraoficiales, la salida de Díaz Hermosilla estaría directamente relacionada con su intento de imputar el delito de terrorismo —una figura penal reservada para ataques contra la seguridad nacional— al periodista policiaco Rafael León Lafita, en una acusación que, de prosperar, lo habría condenado a más de 30 años de prisión.
El caso encendió alarmas cuando un juez de control rechazó de manera tajante la imputación por terrorismo promovida por la entonces fiscal, dejando al descubierto una acusación jurídicamente endeble, desproporcionada y con tintes persecutorios. Pese a ello, el periodista continúa enfrentando otros cargos y permanece bajo arraigo domiciliario, una medida que organizaciones y analistas consideran excesiva en el contexto del ejercicio periodístico.
Hasta ahora, la FGE Veracruz guarda silencio oficial, una omisión que no hace sino agravar la sospecha pública: ¿quién autorizó llevar al extremo una acusación de terrorismo contra un comunicador?, ¿fue una decisión individual o una instrucción institucional?, ¿cuántos casos más se han intentado construir bajo la misma lógica de intimidación?
En sustitución de Díaz Hermosilla fue designado el licenciado Lauro Huidobro como nuevo fiscal regional de la Zona Sur, en medio de una crisis de credibilidad que exige algo más que un relevo administrativo: exige explicaciones, responsabilidades y garantías de no repetición.
Este episodio no es menor. Usar figuras penales graves para acallar, intimidar o castigar el ejercicio periodístico no solo vulnera derechos fundamentales, sino que sienta un precedente peligroso en una entidad históricamente marcada por agresiones a la prensa. La destitución, aunque necesaria, no borra la pregunta central: ¿cuántos abusos más se han intentado normalizar desde las fiscalías sin que nadie rinda cuentas?
Por ahora, el mensaje es contundente pero incompleto: una fiscal cayó, pero el sistema que permitió el intento de criminalizar al periodismo sigue intacto. La sociedad veracruzana no solo espera relevos, exige verdad, transparencia y un freno definitivo al uso faccioso del poder penal.
Redacción Reportaje Veracruzano
