Capacitación ignorada y bienes desaparecidos: ORFIS detecta graves anomalías en transiciones municipales
Xalapa, Ver.– A pesar de los esfuerzos preventivos y de capacitación realizados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), diversas administraciones municipales salientes incurrieron en irregularidades graves durante los procesos de entrega-recepción, al retirar bienes públicos que van desde documentos oficiales hasta mobiliario, equipos de cómputo e incluso vehículos.
Así lo expuso la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, quien lamentó que, pese a haber advertido de manera clara que todos estos bienes forman parte del patrimonio público, algunas autoridades optaron por ignorar la normativa y actuar con opacidad.
Uno de los casos más delicados señalados durante su comparecencia ante el Congreso del Estado fue el del municipio de Mixtla de Altamirano, donde la exalcaldesa Norma Estela Hernández habría presentado información y evidencia fotográfica falsa para justificar la venta de un vehículo municipal, argumentando que se trataba de chatarra, cuando en realidad era una camioneta de lujo utilizada para su traslado personal.
La auditora subrayó que este tipo de prácticas no fueron aisladas y que ya se tienen identificados otros municipios con situaciones similares, lo que encendió alertas dentro del proceso de fiscalización. En este contexto, explicó que los dictámenes derivados de las entregas-recepción serán fundamentales para detectar irregularidades y sustentar las observaciones correspondientes.
González Cobos recordó que el ORFIS impartió capacitaciones tanto a autoridades municipales salientes como entrantes, en mayo y noviembre del año pasado respectivamente, con el objetivo de garantizar transiciones ordenadas, transparentes y conforme a la ley. Señaló que incluso se brindó acompañamiento para la conformación de los comités de entrega-recepción, bajo un enfoque preventivo.
De acuerdo con la legislación vigente, una vez recibida la administración municipal, se debe elaborar un dictamen que detalle las condiciones en que se entrega el ayuntamiento. Dicho documento debe ser sometido a consideración del Cabildo en un plazo máximo de cinco días hábiles, lo que permite llamar a las y los exservidores públicos para que aclaren cualquier anomalía detectada.
Estos dictámenes, precisó la auditora, serán remitidos tanto al Congreso del Estado como al ORFIS, ya que constituyen herramientas clave para identificar focos rojos y profundizar en la fiscalización.
En otro tema, González Cobos informó que al cierre de 2024 la deuda pública total en Veracruz ascendía a 51 mil 276 millones de pesos, de los cuales 47 mil 074 millones corresponden a deuda pública y obligaciones del ejercicio, mientras que los entes municipales concentran una deuda de 3 mil 954 millones de pesos.
A ello se suman 242 millones relacionados con ocho ciudades judiciales del Poder Judicial.
Finalmente, adelantó que será durante 2025 cuando se realice la revisión correspondiente a estas cifras, lo que permitirá contar con un diagnóstico más preciso sobre la situación real de la deuda pública en la entidad.
Redacción Reportaje Veracruzano
