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COATZACOALCOS BAJO SOSPECHA: ACUSAN AL ALCALDE PEDRO MIGUEL ROSALDO DE REPARTIR PODER A PERFILES SEÑALADOS POR CORRUPCIÓN

La entrega de áreas estratégicas del Ayuntamiento a personajes cuestionados revive viejas prácticas de cacicazgo sindical y pone en entredicho el discurso de honestidad gubernamental

Coatzacoalcos vuelve a colocarse en el centro de la polémica política. Diversos señalamientos ciudadanos y voces internas del propio ámbito municipal apuntan al alcalde Pedro Miguel Rosaldo por otorgar posiciones clave dentro del Ayuntamiento a personas con antecedentes públicos de presunta corrupción y conductas reprobables, una práctica que contradice de forma directa los principios de ética, transparencia y honestidad que dice enarbolar la llamada Cuarta Transformación.

Uno de los casos que ha generado mayor inconformidad es el de Henry Alberto Gómez Pérez, integrante del Sindicato Único de Empleados Municipales de Coatzacoalcos (SUEM) y personaje cercano al dirigente sindical Gersain Hidalgo Cruz, a quien trabajadores señalan como un líder que ejerce un control caciquil dentro de la organización.

De acuerdo con estas denuncias, el alcalde Pedro Miguel Rosaldo habría entregado a Henry Alberto Gómez la Dirección de Acción Social, un área estratégica del Ayuntamiento, responsable de la organización de eventos oficiales, actividades públicas y manejo de recursos relacionados con la proyección social del gobierno municipal. Para críticos de esta decisión, no se trata de un nombramiento menor, sino de una concesión política que fortalece al SUEM y a su dirigencia dentro de la estructura municipal.

La polémica se agrava por los antecedentes que rodean a Henry Alberto Gómez Pérez. Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 96 lo han señalado públicamente por un presunto desfalco de recursos escolares, acusación que, aunque no ha sido esclarecida de manera oficial, sigue pesando sobre su imagen pública.

A ello se suman señalamientos por haber participado en una presunta estafa piramidal, la cual —según versiones ampliamente difundidas en Coatzacoalcos— operaba desde el salón de eventos “Playa Forum”, propiedad de sus padres. Estas acusaciones, nunca aclaradas de fondo ante la opinión pública, contrastan con el perfil que debería exigirse para ocupar un cargo dentro de la administración municipal.

En el terreno político, también existen reclamos por su actitud durante el proceso de campaña, donde presuntamente despreciaba y trataba de forma déspota a candidatos a regidores, bajo el argumento de sentirse protegido por la dirigencia sindical y por su cercanía con el poder. Diversos actores locales lo describen como un personaje colocado en el centro de los eventos proselitistas, más como figura mediática que como operador político responsable.

Este conjunto de señalamientos ha encendido el debate en Coatzacoalcos sobre qué tipo de perfiles están siendo incorporados al gobierno municipal y bajo qué criterios. Para sectores críticos, el caso de Henry Alberto Gómez no es aislado, sino un síntoma de una práctica política que privilegia cuotas sindicales, lealtades y pactos de poder por encima de la probidad y la capacidad.

La pregunta de fondo es inevitable:

¿Con qué autoridad moral se habla de honestidad y combate a la corrupción cuando se entregan áreas clave a personajes con señalamientos tan graves?
¿Quién responde por los antecedentes de quienes hoy administran recursos y espacios públicos?

Hasta el momento, ni el alcalde Pedro Miguel Rosaldo ni el SUEM han emitido una explicación pública detallada que aclare las razones de este nombramiento ni respondan a las acusaciones que pesan sobre el funcionario señalado. El silencio oficial solo profundiza la desconfianza.

Coatzacoalcos enfrenta retos severos en materia social, económica y de gobernanza. En ese contexto, la designación de funcionarios cuestionados no solo erosiona la credibilidad del gobierno municipal, sino que refuerza la percepción de que las viejas prácticas siguen vigentes, aunque ahora se pretendan justificar bajo nuevas siglas y discursos.

La ciudadanía exige respuestas, transparencia y congruencia. La honestidad no se proclama: se demuestra con hechos. Mientras eso no ocurra, los señalamientos seguirán creciendo y la narrativa de cambio quedará reducida a un eslogan vacío.

Redacción Reportaje Veracruzano

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