Cuando informar empobrece y callar mata: la CEAPP admite que en Veracruz el periodismo sobrevive vendiendo mole… mientras la impunidad gobierna
Xalapa, Veracruz, 21 de enero de 2026.— La confesión fue brutal, quizá involuntaria, pero demoledora: en Veracruz, los reporteros están tan precarizados que para sobrevivir venden productos, emprenden micronegocios y, en palabras del propio presidente de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), “hasta venden mole los domingos”. La frase, dicha en tono de guasa por Luis Orencio Ramírez Vaqueiro durante su comparecencia ante el Congreso local, retrata con crudeza el estado real del periodismo veracruzano: vulnerable, mal pagado, expuesto y, sobre todo, abandonado.
En su intervención, Ramírez Vaqueiro reconoció lo que el gremio ha denunciado durante años: la presión directa de grupos delincuenciales para silenciar informaciones incómodas y la persistencia de agresiones que provienen, paradójicamente, no solo del crimen organizado, sino de funcionarios públicos, corporaciones municipales y políticos locales exhibidos por el trabajo periodístico. El mensaje es claro y alarmante: en Veracruz, informar sigue siendo un acto de riesgo.
Aunque el titular de la CEAPP intentó trazar una línea divisoria entre los años más oscuros del periodismo veracruzano —2004 a 2018— y la actualidad, los hechos recientes desmienten cualquier discurso triunfalista. El asesinato del reportero de nota roja Carlos Ramírez Castro, ocurrido el 8 de enero en Poza Rica, la criminalización de un periodista en Coatzacoalcos acusado de “terrorismo”, el homicidio de la comunicadora Avisack Douglas y la desaparición de un reportero en Pánuco desde abril de 2025, confirman que la violencia no es un vestigio del pasado, sino una herida abierta.
El propio Ramírez Vaqueiro lo admitió: la impunidad sigue cabalgando entre el gremio. Y esa impunidad, sostuvo, es una de las razones centrales por las que se agrede a los periodistas: porque no hay consecuencias inmediatas, porque los ataques —sobre todo en el ámbito local— rara vez se castigan.
Las cifras oficiales de la CEAPP, lejos de tranquilizar, evidencian la magnitud del problema. Durante 2025 se recibieron 391 reportes de periodistas en al menos 52 municipios; 79 correspondieron a agresiones en 19 municipios. Hubo 13 agresiones verbales, 24 físicas, cuatro patrimoniales, además de amenazas telefónicas y ataques digitales. Detrás de cada número hay un rostro, un reportero expuesto, una historia de miedo normalizado.
En cuanto a las medidas de protección, la comisión informó que 50 periodistas y tres familiares de comunicadores asesinados han recibido algún tipo de apoyo: rondines, enlaces, escoltas, reubicaciones, chalecos antibalas y apoyos económicos. Sin embargo, el contraste entre la gravedad del riesgo y la tibieza de las respuestas institucionales es evidente. Chalecos antibalas no sustituyen justicia; reubicaciones no reemplazan el derecho a ejercer el periodismo en libertad.
Más grave aún es la “bestia negra” que el propio presidente de la CEAPP reconoció: la violencia laboral estructural, socialmente aceptada y normalizada. Reporteros obligados a entregar cinco o seis notas diarias para aspirar —si acaso— a un ingreso quincenal de tres o cuatro mil pesos. Comunicadores sin prestaciones, sin seguridad social, sin red de protección, forzados a la pluriactividad para no caer en la indigencia. Esa precariedad, advirtió, es el caldo de cultivo perfecto para la agresión.
El panorama se agrava con el cambio de paradigma informativo: del papel a lo digital, una transición que no ha mejorado las condiciones laborales, pero sí ha incrementado la carga de trabajo, la exposición pública y la vulnerabilidad económica de los periodistas.
La distancia entre el discurso institucional y la realidad quedó evidenciada en Poza Rica. El miércoles 14 de enero de 2026, reporteros —en especial del ámbito policiaco— rechazaron de manera frontal las medidas de la CEAPP y abandonaron una sesión en señal de protesta, indignados por lo que calificaron como falta de acción real y respuestas efectivas. No fue un gesto menor: fue un voto de desconfianza abierto contra el organismo que, en teoría, debe protegerlos.
Hoy, la CEAPP reconoce la enfermedad, enumera los síntomas y contabiliza a las víctimas. Pero la pregunta incómoda sigue intacta: ¿de qué sirve admitir que los periodistas venden mole los domingos si el lunes siguen desprotegidos, empobrecidos y en la mira del crimen y del poder político?
Mientras informar siga condenando a la pobreza y la justicia continúe ausente, en Veracruz el periodismo no solo estará en riesgo: estará siendo asfixiado. Y con él, el derecho de la sociedad a saber.
Redacción Reportaje Veracruzano
