Xalapa, Ver.— Mientras los discursos oficiales presumen cobertura educativa y atención a las comunidades más olvidadas del estado, en la realidad quienes sostienen esa labor trabajan al borde del desgaste y la incertidumbre. Educadores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) protestaron este lunes a las afueras del Teatro del Estado para exigir lo elemental: condiciones laborales dignas y una remuneración justa por una tarea que dista mucho de ser “voluntaria”.
Aunque la movilización visible se concentró en Xalapa, los inconformes aseguran que el reclamo es de alcance estatal. Paros y expresiones de inconformidad se replican de manera simultánea en regiones del norte, centro y sur de Veracruz, donde cientos de educadores atienden comunidades de alta y muy alta marginación, muchas de ellas donde el Estado solo llega a través de ellos.
Ángel Daniel Cuevas Flores, uno de los manifestantes, explicó que desde diciembre pasado se les prometió a nivel nacional un bono navideño equiparable a un aguinaldo. La promesa, dijo, quedó reducida a un pago incompleto y muy por debajo de lo anunciado. El argumento: un recorte presupuestal federal que terminó trasladando el costo del ajuste directamente a quienes están en el aula.
El problema va más allá de un bono incumplido. Los educadores comunitarios perciben ingresos que, aseguran, no alcanzan para cubrir necesidades básicas, pese a que cumplen jornadas que oscilan entre 13 y 14 horas diarias, incluidos fines de semana. A ello se suma una carga administrativa creciente y el trabajo permanente con comunidades, escuelas y padres de familia.
“Llamarlo servicio social voluntario es una ficción”, sostienen. En los hechos, realizan una labor docente integral en condiciones adversas, sin prestaciones, sin certeza laboral y con convenios que pueden rescindirse en cualquier momento. Esa fragilidad contractual explica otro de los reclamos centrales: garantías por escrito de que no habrá represalias por alzar la voz.
Los manifestantes pidieron el respaldo de las coordinaciones regionales de CONAFE y la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle García, así como de la Secretaría de Educación de Veracruz, para abrir una mesa de diálogo real. No solo buscan una mejora salarial, sino el reconocimiento formal de una labor que resulta indispensable para sostener el derecho a la educación en las zonas más pobres del estado.
La protesta deja al descubierto una contradicción incómoda: el sistema educativo en las regiones más marginadas se mantiene gracias al esfuerzo de trabajadores precarizados, invisibilizados y fácilmente prescindibles en el papel. Mientras no se revalore su trabajo con hechos y no con discursos, la educación comunitaria en Veracruz seguirá dependiendo más del sacrificio personal que de una política pública responsable.
Redacción Reportaje Veracruzano
