EL FRAUDE DEL ASFALTO: JUCOPO Y ORFIS VAN CONTRA EL DESPACHO QUE BLINDÓ LA CORRUPCIÓN DEL CUITLAHUISMO
El caso Pajapan destapa una cloaca: contratos millonarios, obra podrida y auditores a modo.
Por años, la corrupción en Veracruz no solo se escondió en contratos inflados y obras mal hechas, sino en algo todavía más grave: la complicidad técnica que convierte el robo público en “legal”. Hoy, esa maquinaria comienza a resquebrajarse.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, anunció que, junto con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), procederán contra el despacho “HERSAN Constructores y Consultores”, responsable de uno de los dictámenes más escandalosos de los últimos años: declarar que NO EXISTE DAÑO PATRIMONIAL en una obra evidentemente dañada, fallida y denunciada por la propia población.
El caso no es menor. Se trata del camino Pajapan–Los Cerritos, ejecutado en 2023 por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), entonces bajo el control del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y encabezada por su secretario Elio Hernández Gutiérrez. La obra fue adjudicada a Consultores de Ingeniería en Xalapa, S.A. de C.V., por 21 millones de pesos.
Veintiún millones para un camino que se deshizo en menos de tres meses.
El dictamen que insulta la inteligencia pública
Desde su ejecución, la obra presentó irregularidades graves. Agentes municipales las denunciaron oportunamente. Hubo seguimiento técnico. Hubo advertencias. Hubo evidencia. Nada se corrigió.
El resultado fue predecible: baches gigantes, deterioro acelerado y un tramo prácticamente inservible en tiempo récord.
A pesar de ello, el despacho contratado por el ORFIS, HERSAN Constructores y Consultores, concluyó que no hubo daño patrimonial y se limitó a emitir “recomendaciones administrativas”.
En otras palabras: para el despacho, millones de pesos tirados al asfalto roto no son robo, son simples descuidos.
¿Error técnico o encubrimiento profesional?
La cadena de protección institucional
Bautista Hernández fue más allá. Señaló directamente al ingeniero Jonathan Bautista Rivera, funcionario de la SIOP, quien supervisó y autorizó la obra, acusándolo de mostrar “clara parcialidad” hacia la empresa constructora.
No se trata de una sospecha menor. La parcialidad de un supervisor público es la primera pieza del dominó de la corrupción: si el supervisor calla, la empresa cobra; si la auditoría absuelve, el fraude se consuma.
Lo más grave es que, según el legislador, esta inclinación no se quedó en la SIOP, sino que escaló hasta alcanzar al propio ORFIS, el órgano que debería ser el muro de contención contra el saqueo.
Cuando el auditor protege al auditado, el sistema completo colapsa.
¿A quién se está protegiendo?
La pregunta es inevitable y demoledora:
¿Quién está detrás de este blindaje técnico?
Porque aquí no hablamos de una obra dudosa, sino de un trabajo “deplorable”, con evidencia técnica y fotográfica suficiente para demostrar fallas en el proceso constructivo y en el estado actual del camino.
La obra fue tan mala que la ciudadanía la denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, bajo la carpeta 671/2024.
Sin embargo, mientras la carpeta duerme en los cajones ministeriales, un despacho privado ya había cumplido su función: limpiar el expediente con un dictamen conveniente.
El ORFIS, ante su prueba de fuego
Ahora, la auditora general Delia González Cobos recibirá a las autoridades locales para revocar el dictamen de HERSAN y emitir uno nuevo que refleje la realidad.
Este no es un trámite técnico. Es una prueba histórica.
Si el ORFIS corrige, demostrará que aún puede rescatar su credibilidad.
Si encubre, quedará claro que no fiscaliza, administra impunidad.
El derrumbe del discurso anticorrupción
El caso Pajapan exhibe una verdad incómoda: durante el gobierno de Cuitláhuac García no solo hubo malas obras, sino una arquitectura institucional diseñada para borrar huellas.
Empresas beneficiadas.
Funcionarios parciales.
Despachos complacientes.
Órganos fiscalizadores domesticados.
Así opera la corrupción moderna: no con sobres amarillos, sino con dictámenes técnicos.
“Llegaremos hasta las últimas consecuencias”
Esteban Bautista agradeció al pueblo de Pajapan y advirtió que no se detendrá.
Y es que este caso ya no es solo un camino destruido. Es la radiografía de cómo se protege el saqueo desde dentro del Estado.
Hoy, HERSAN está en la mira. Mañana, podrían caer más nombres.
Porque cuando una carretera se desmorona en meses, lo que realmente quedó al descubierto no fue el asfalto, sino la podredumbre del sistema que la aprobó, la pagó y la encubrió.
El escándalo apenas comienza.
Redacción Reportaje Veracruzano
