Mientras Veracruz festejaba Año Nuevo, Rocío Nahle mueve las piezas para concentrar el dinero turístico en el Ejecutivo
Iniciativa enviada a la Legislatura redefine impuestos y debilita participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el Fideicomiso del 2% al hospedaje
Veracruz, Ver.— Cuando la mayoría de los veracruzanos celebraban la llegada del 2026, el gobierno estatal dio un paso que podría alterar la transparencia y el control ciudadano sobre recursos públicos: el 31 de diciembre de 2025, la gobernadora Norma Rocío Nahle García remitió al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de reforma al Código Financiero de Veracruz que plantea cambios radicales en la administración del impuesto al hospedaje y su destino.
La propuesta, que se discute en la Legislatura, contempla modificar diversos artículos del Código Financiero del Estado para reestructurar el Fideicomiso del 2% del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, gravamen creado originalmente para financiar exclusivamente la promoción turística de la entidad.
Entre los cambios más controvertidos está la eliminación del voto de los representantes de las siete regiones turísticas del estado en el Comité Técnico del fideicomiso y la reconfiguración de la integración del organismo que administra los recursos. En el texto de la iniciativa, el ejercicio del 2% dejaría de estar ligado de manera exclusiva a promoción turística y se podría utilizar también para financiar obras de infraestructura pública y servicios relacionados con la actividad turística en general.
Hasta ahora, el Código Financiero establece de manera clara que los recursos del impuesto deben destinarse únicamente a la promoción y difusión de actividades turísticas, canalizados a través de un fideicomiso con métodos transparentes de control, con administradores especializados y participación de diversos sectores, incluido el sector hotelero.
La reforma propuesta por la gobernadora alteraría esta lógica, ubicando al Poder Ejecutivo y a sus dependencias como actores dominantes en la administración y ejecución del gasto, mientras que las voces sectoriales y regionales perderían su capacidad de votar o influir en decisiones centrales sobre la gestión de millones de pesos recaudados vía impuestos.
La iniciativa fue turnada al Poder Legislativo al cierre de 2025, y aún está pendiente de dictamen y aprobación. Con la mayoría legislativa afín al partido de la gobernadora, la propuesta tiene una ventana amplia para avanzar sin grandes obstáculos, según expertos en materia financiera y legal.
Políticos, representantes del sector turístico y organizaciones civiles ya han expresado alarma por lo que consideran un intento de concentrar en el Ejecutivo decisiones que antes estaban sujetas a contrapesos y representación territorial y sectorial. La reforma cambia la gobernanza financiera de recursos que, hasta ahora, eran administrados con participación plural.
La pregunta crítica para el debate público es inevitable: ¿se trata de una actualización técnica que beneficiará al desarrollo turístico de Veracruz, o de una modificación que despoja a los ciudadanos y al sector hotelero de su derecho a decidir sobre sus propios recursos?
Mientras Veracruz entra a un nuevo año, la discusión sobre este cambio al Código Financiero promete ser uno de los temas más álgidos y decisivos en la política y administración de los recursos públicos estatales.
Redacción Reportaje Veracruzano
