Xalapa, Ver.— El conflicto generado por el paro de transportistas en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín llevó a la gobernadora Rocío Nahle García a endurecer su discurso y, sobre todo, a tomar una decisión inédita: los autobuses de la línea Ulúa pasarán a formar parte del sistema estatal de transporte.
Durante una entrevista radiofónica en el puerto de Veracruz, la mandataria fue clara al señalar que las concesiones del transporte público no fueron otorgadas para convertirse en “cotos de poder”, ni para ser usadas como rehenes con fines de presión política o económica. Subrayó que el Estado concede permisos para garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía, no para imponer voluntades de manera unilateral.
Nahle García lamentó que los concesionarios optaran por el paro como mecanismo de presión, pese a que —afirmó— su administración ha mantenido una política de diálogo permanente y escucha activa con el sector transportista. Aun así, dejó en claro que no existían condiciones para autorizar un incremento en las tarifas en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río–Medellín.
“La tarifa no se mueve en esta región”, sentenció, al tiempo que reiteró que deben mantenerse vigentes los descuentos preferenciales para estudiantes y personas adultas mayores. Precisó que el único ajuste autorizado corresponde a la ciudad de Xalapa, donde las tarifas no habían sido actualizadas en casi 12 años.
La gobernadora recordó que, desde hace aproximadamente tres meses, comenzaron a operar autobuses Ulúa con unidades nuevas, equipadas con aire acondicionado y mejores condiciones de servicio, y que en su momento la población aceptó una tarifa de 15 pesos bajo ese esquema. Sin embargo, el intento de extender o presionar por incrementos en otras regiones fue lo que detonó el conflicto.
Ante el paro, Nahle García enfatizó que su gobierno no actuará por encima de nadie, pero sí ejercerá su responsabilidad como autoridad en estricto apego al Estado de Derecho. En ese contexto, anunció que los autobuses Ulúa pasarán oficialmente a Transporte del Estado y comenzarán a operar de manera alterna junto con los concesionarios privados.
“Serán unidades estatales, como ocurre en otras entidades y en la Ciudad de México”, explicó, marcando así un precedente en la forma en que Veracruz podría reorganizar su sistema de transporte público.
El mensaje fue contundente: el gobierno estatal no permitirá que un servicio esencial sea utilizado como herramienta de presión, y está dispuesto a asumir un papel más activo para garantizar la movilidad de la población. La decisión abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y los concesionarios, con implicaciones que podrían redefinir el modelo de transporte público en Veracruz.
Redacción Reportaje Veracruzano
